La Presidenta colocó el tema en la mañanera: el costo de la gasolina no se agota en el precio que se anuncia. Existe otro nivel, menos visible, donde operan comisiones e intermediaciones que terminan trasladándose al consumidor. Ahí se está jugando una parte del ingreso cotidiano de millones.
La bancarización amplía el acceso y ordena flujos, pero sin reglas claras abre espacios de renta. Bancos y empresas de vales cobran a las estaciones; las estaciones trasladan ese costo; el usuario lo absorbe. La cadena es simple, pero el costo queda oculto.
El problema rebasa la comisión aislada. Lo que está en juego es la posición del consumidor en toda la cadena. Cada tramo incorpora un margen que no siempre corresponde a un valor añadido.
En ese trayecto, el precio deja de ser un dato transparente y se convierte en una construcción donde el usuario queda al final, sin capacidad de distinguir qué paga.
Un mercado funcional exige claridad. La intermediación tiene un lugar cuando facilita, conecta y hace eficiente el intercambio. Cuando se vuelve una capa adicional que encarece sin aportar, el sistema pierde equilibrio y traslada costos de manera regresiva.
El Estado entra para garantizar que el mercado funcione en favor del interés público. Capitalismo, sí, pero con Estado. La tarea es fijar condiciones, convocar a los actores y ordenar una dinámica que, sin conducción, tiende a dispersarse en beneficios fragmentados y costos socializados.
La experiencia reciente muestra que esa capacidad existe. La estabilización de precios, los acuerdos con productores y la contención de abusos en sectores estratégicos no surgieron de manera espontánea. Respondieron a una conducción que alineó incentivos y estableció límites operativos.
La intermediación financiera forma parte de ese mismo entramado. Su participación en mercados esenciales implica responsabilidad sobre el impacto final. La transparencia en comisiones, la proporcionalidad en los cobros y la trazabilidad del precio no son exigencias accesorias, son condiciones para que el sistema conserve legitimidad.
El objetivo es una bancarización que no encarezca, un pago electrónico que no introduzca sobrecostos y un consumidor que pueda reconocer con claridad el precio que enfrenta. En esa claridad se sostiene una parte relevante del bienestar cotidiano.
El bienestar no depende sólo del ingreso disponible. También descansa en la capacidad de evitar pérdidas invisibles que se acumulan en cada transacción. Cuando esos mecanismos operan sin control, el efecto es regresivo porque impacta más a quien menos margen tiene.
La intervención del Estado en estos espacios no cancela al mercado. Lo preserva en condiciones de funcionamiento aceptables. La idea de que el mercado se corrige por sí mismo, incluso frente a distorsiones evidentes, ha mostrado sus límites.
El señalamiento de la mañanera de ayer delimita una zona donde el mercado dejó de “autorregularse”, si acaso, y donde corresponde ordenar sin estridencias. Conducir implica convocar, establecer reglas y hacerlas valer. Corregir las distorsiones del mercado es una obligación pública.
