El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció su intención de ir más allá de las medidas administrativas para combatir la defraudación fiscal, enfocándose particularmente en las empresas factureras. Estas compañías se dedican a simular operaciones con el objetivo de reducir impuestos y obtener devoluciones indebidas para sus clientes. El SAT explicó que aún está definiendo las líneas de acción para implementar estas nuevas medidas, que se aplicarán una vez que los contribuyentes con operaciones inexistentes sean identificados y limitados, conforme al Código Fiscal de la Federación.
Durante el sexenio anterior, se emprendieron esfuerzos inéditos contra la defraudación fiscal, incluyendo la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tipificó este delito como grave. En su momento, el mandatario denunció la existencia de un sistema fiscal paralelo e informal liderado por empresas factureras, que operaron durante al menos una década bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Estas prácticas generaron una pérdida estimada en 300 mil millones de pesos, equivalente al 30 por ciento de los ingresos federales de entonces.
No obstante, los avances logrados con la reforma de 2019 fueron revertidos por la mayoría conservadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La anulación de la tipificación del fraude fiscal como delito grave equiparable al crimen organizado dejó al país vulnerable frente a quienes enriquecen sus fortunas a través de la evasión de recursos públicos, en lugar de la innovación y la creación de valor.
Es evidente que la defraudación fiscal es una forma de crimen organizado. Consiste en la colusión entre empresas: una busca evadir impuestos y la otra proporciona los medios para hacerlo. Esta práctica perjudica a todos los ciudadanos al privarlos de derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo digno, debido a la disminución de los ingresos estatales. Se espera que la democratización del Poder Judicial, tras los comicios de junio próximo, permita avanzar en la erradicación de esta práctica delictiva que tanto daño causa a la población.
