Orizaba, Ver.- De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), México atraviesa una crisis hídrica marcada por la sobreexplotación de acuíferos, la desigualdad en el acceso y los efectos del cambio climático, factores que afectan la vida cotidiana de millones de personas.
Basado en datos del organismo, cerca de la mitad de los acuíferos del país tienen algún grado de déficit, es decir, se extrae más de lo que naturalmente se recarga.
De estos, un número considerable está en condiciones críticas, principalmente en regiones del norte y centro, donde la presión urbana e industrial es mayor.
La problemática se ha intensificado en los últimos años. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha documentado una disminución sostenida en la disponibilidad del vital líquido por habitante, lo que refleja una presión creciente sobre este recurso en un contexto de crecimiento poblacional y urbanización acelerada.
A este panorama se suma el impacto del cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que México es uno de los países más vulnerables a sequías prolongadas, lo que agrava la escasez y complica la recuperación de fuentes naturales como ríos, presas y mantos freáticos.
Las consecuencias ya son visibles en ciudades del país. En zonas metropolitanas los cortes de agua y los sistemas de tandeo se han vuelto frecuentes, obligando a miles de familias a depender de pipas o comprar agua embotellada, lo que incrementa el gasto doméstico.
En algunos casos, incluso se han reportado problemas de calidad del agua, lo que eleva los riesgos para la salud. En el ámbito sanitario, especialistas advierten que la escasez o contaminación es causante de enfermedades gastrointestinales y limita la higiene, especialmente en comunidades con menor infraestructura. Este escenario impacta con mayor fuerza a sectores vulnerables, ampliando las brechas de desigualdad.
El sector agrícola también resiente los efectos del déficit hídrico. La reducción en la disponibilidad de agua para riego ha provocado la disminución de cultivos en varias regiones del país, afectando la producción de alimentos básicos y generando pérdidas económicas para el sector. En algunos casos, agricultores han optado por no sembrar ante la incertidumbre sobre el suministro del vital líquido.
En comunidades rurales, su acceso suele recaer en mujeres y niños, quienes deben recorrer largas distancias para obtenerlo, lo que limita otras actividades como la educación o el trabajo. Esta situación ha sido señalada por organismos internacionales como un factor que perpetúa la desigualdad.
Además, la escasez de agua comienza a generar tensiones entre sectores y regiones. Expertos advierten que, de no atenderse, el problema podría derivar en conflictos por este recurso, tanto a nivel local como internacional, sobre todo en zonas fronterizas donde existen acuerdos de distribución.
En el plano ambiental, la sobreexplotación de acuíferos y la reducción de cuerpos de agua están provocando daños que podrían ser irreversibles. La pérdida de humedales, el deterioro de ecosistemas y fenómenos como el hundimiento del suelo en algunas ciudades son señales de un problema que va más allá del abastecimiento inmediato.
Frente a este panorama, especialistas coinciden en la necesidad de impulsar una gestión más eficiente de este vital líquido, que incluya la modernización de infraestructura, tratamiento y reutilización de este recurso hídrico, así como políticas públicas que garanticen un acceso equitativo.
