El Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (Simve) está a la espera de que un juez federal resuelva al amparo indirecto promovido en octubre de 2022 para que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) dé a conocer el techo presupuestal y cómo se utiliza en la recategorización de personal homologado y para la creación de plazas a que tiene derecho esta organización sindical.
El secretario general Gerardo Velázquez Maraver refirió que el 23 de enero se celebró la audiencia constitucional para que la dependencia estatal rinda un informe, luego que la solicitud hecha por escrito tuvo una respuesta escueta por parte del director de Recursos Humanos del sistema estatal y carecía de la información solicitada.
El asesor jurídico de la organización, Juan José Llanes del Ángel, explicó que la petición del Simve está sustentada en las posibilidades presupuestales de la SEV para la recategorización y la generación de plazas de nueva creación, ya que año con año estos trámites se hacen a través de las organizaciones sindicales que van distribuyendo entre los trabajadores de la secretaría, lo que originó que este proceso colapsara en lo que se refiere al Simve.
Sostuvo que no existen criterios definidos, claros y lógicos que permita a la sociedad conocer con base en qué criterios la SEV decide recategorizar o generar plazas para trabajadores de tal o cual organización sindical.
SEV discrimina a sindicatos y atenta contra libertad sindical
Sostuvo que esto conduce inevitablemente a una constante discriminación a organizaciones sindicales pues la dependencia considera que hay sindicatos grandes y pequeños, lo cual atenta contra la libertad sindical de los trabajadores pues no pueden ser recategorizados según su filiación a tal o cual sindicato.
“Con base en esas premisas, el maestro Gerardo, y en ejercicio del derecho de petición, solicitó a la SEV que precisara primero cuáles son los parámetros que utiliza para asignar recategorizaciones y para crear plazas; y en segundo lugar que hiciera lo conducente para que los afiliados de su organización sindical pudieran acceder a estos beneficios perfectamente legales, aunque la dependencia no dio respuesta sustentada”, detalló.
Expresó que la respuesta resulta tremendamente contradictorio y no precisa qué cosa es lo que sustenta su proceder, pero que da a entender que la SEV se conduce en su actividad cotidiana
“Mimando a algunas organizaciones sindicales y despreciando a otras sin advertir que no es un mimo hacia determinados sindicatos o un desprecio hacia otros, sino que es un desprecio a trabajadores, porque a fin de cuentas los sindicatos no son más que coaliciones permanentes de trabajadores”.
Añadió que ante ello que se determinó buscar amparo indirecto que fue admitido por un juez de Distrito de Xalapa.
Mencionó que ya se celebró la audiencia constitucional y se está a la espera de la sentencia, “esperamos conceda la protección federal al Simve y la secretaría conteste, de manera adecuada y fundada, las razones por las cuales se abstiene de hacer las recategorizaciones y generar plazas para los afiliados al Simve, el cual se estima se dé en el transcurso del presente mes.
Anticipó que la decisión de las autoridades educativas lo que en realidad tratan, en primer lugar, es cuidar un dinero que no es suyo sino de la sociedad, del que “no se sabe para qué otros fines lo estén usando o lo estén jineteando”.
Finalmente, confía en que el Poder Judicial corrija la plana y la actuación de la SEV que, infortunadamente
“Sin una lógica, da la impresión de que la transparencia les choca, el preguntarles les ofende, les irrita; que da la impresión de que se exige y que se confíe sin dar mayores explicaciones y sin aportar mayores datos en relación al manejo de los recursos”, concluyó.
