Agencias
Veracruz, Ver.- Abogados veracruzanos consideraron que la prisión preventiva oficiosa (PPO) resulta violatoria de los derechos humanos y que la ampliación del catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional solo traerá como consecuencia un incremento en la cantidad de personas tras las rejas.
En entrevista, el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, José Alberto Priego Medina, refirió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, ya que viola el principio de presunción de inocencia.
En ese sentido, Priego Medina dijo que la Cámara de Diputados debió reducir el catálogo de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa en lugar de aumentarlo, como se hizo con la reforma constitucional aprobada recientemente.
“Efectivamente ya la Corte Interamericana ha declarado la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, en este caso, sí, la reforma constitucional es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos y definitivamente en lugar de aumentar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, estos deberían de reducirse, sin embargo, el legislador aumentó este catálogo”, expuso.
El abogado recordó que una persona podrá estar en prisión preventiva oficiosa hasta dos años en tanto un juez determina si es culpable o inocente.
El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz manifestó que a los legisladores federales y locales les hace falta leer las sentencias internacionales en materia de derechos humanos con la finalidad de determinar que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional.
Por su parte, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa se pronunció en contra de la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.
“Sí es reprobable, no estamos de acuerdo que se amplíe el catálogo, sin embargo, se mantiene el segundo párrafo del artículo segundo constitucional, el tercer párrafo del artículo primero constitucional, donde habla de la progresividad de los derechos humanos”.
Mundo Arriasa no descartó que el número de personas en los penales aumente por la prisión preventiva oficiosa y sobre todo por incluir delitos relacionados con la producción y la venta de fentanilo y los factureros.
El abogado penalista recordó que había 5 mil 600 personas en los penales veracruzanos al inicio del mandato de Cuitláhuac García Jiménez, pero aumentó a 8 mil 600 presos al concluir su periodo, lo cual significó 3 mil personas más tras las rejas, la gran mayoría por prisión preventiva oficiosa.
“Yo creo que las cárceles posiblemente se llene de más gente inocente pretextando la prisión preventiva oficiosa en donde la policía no hará nada, los fiscales no van a hacer nada, los jueces no van a hacer nada y va a haber más inocentes en las cárceles”, opinó.
Jueces de Jalisco resolverán 500 amparos contra reforma judicial
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejará en manos de juzgados y tribunales con sede en el estado de Jalisco la resolución de más de 500 juicios de amparo interpuestos contra la reforma judicial.
Lo anterior al aprobar una propuesta de la Comisión de Nuevos Órganos del CJF a solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE), ello durante una sesión celebrada el ocho de enero. En el acuerdo –del cual posee copia La Jornada–, se establece que “el Pleno determinó procedente la solicitud de concentración” en aquellos casos en que en los juicios de amparo indirecto se reclame la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación del 15 de septiembre de 2024.
Los expedientes de todo el país “deberán enviarse a los Juzgados Tercero, Quinto y Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco; de igual manera, los recursos interpuestos que se encuentren pendientes de resolución, o bien, pendientes de remitir y los que posteriormente se interpongan en los juicios de amparo referidos en este documento, o algún otro promovido contra los mismos actos, se concentrarán en el Quinto, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito”.
El CJF estableció algunas reglas para la concentración de los más de 500 juicios de amparo promovidos por organizaciones sociales o de miembros del Poder Judicial, deberá realizarse “de manera directa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, dentro de un lapso de no mayor de diez días hábiles contado a partir del día hábil siguiente en que sea publicada la Circular”.
Asimismo establece que el procedimiento se llevará a cabo “en el entendido que los juzgados de Distrito concentrantes, al asumir la jurisdicción de los casos que le sean distribuidos con motivo de la concentración allanarán cualquier omisión en la integración procesal para evitar dilaciones innecesarias”.
En ese contexto se sumarán a esta concentración de expedientes los juicios de amparo presentados ante jueces de Michoacán y Jalisco, que dieron origen a que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) determinó suspender el proceso de evaluación para los candidatos que podrán competir por cargos de jueces de distrito, magistrados de circuito, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también a formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial.
