Orizaba, Ver.- Una denuncia anónima atribuida a integrantes del gremio de abogados del distrito judicial de Orizaba puso bajo la lupa una presunta red de nepotismo, tráfico de influencias y posibles actos de corrupción al interior del Poder Judicial del Estado de Veracruz, situación que habría permitido a familiares de una ex magistrada mantenerse durante décadas en la región y escalar posiciones dentro de la estructura judicial.
De acuerdo con el documento difundido entre litigantes, diversos integrantes de la familia de la exjueza y magistrada Martha Ramírez Trejo habrían permanecido por años en el distrito judicial de Orizaba, evitando los cambios de adscripción que regularmente se aplican a otros servidores públicos.
Entre las personas señaladas aparece Raúl Ramírez Trejo, hermano de la exfuncionaria, quien actualmente se desempeña como actuario municipal de San Andrés Tenejapan y anteriormente ocupó cargos como juez municipal en Tlilapan y Mariano Escobedo.
Asimismo, se menciona a Consuelo Yadira García Rosete, identificada como cuñada de la exmagistrada, quien acumularía más de 26 años de servicio en la región y actualmente labora en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Justicia Familiar.
La denuncia también involucra a Graciela Ramírez Trejo, hermana de la exjuzgadora, cuya trayectoria dentro del Poder Judicial superaría los 25 años y quien recientemente regresó a la Ciudad Judicial de Orizaba para desempeñar funciones relacionadas con vigilancia y control de acceso.
Uno de los señalamientos más delicados recae sobre Gabriela Córdoba Ramírez, sobrina de Martha Ramírez Trejo, quien, según los denunciantes, habría desarrollado una carrera ascendente en los juzgados familiares de Orizaba durante más de dos décadas hasta alcanzar el cargo de secretaria proyectista, sin abandonar el distrito judicial.
Los abogados que promovieron la denuncia sostienen además que la funcionaria señalada presuntamente realizaría actividades comerciales dentro de las instalaciones judiciales y que existirían supuestos cobros indebidos y solicitudes de dinero para agilizar trámites o influir en resoluciones favorables.
Advirtieron que, de comprobarse estas acusaciones, se trataría de conductas graves que afectarían la impartición de justicia.
Debido a que varios de los denunciantes mantienen asuntos familiares en trámite, decidieron reservar sus identidades y las organizaciones a las que pertenecen por temor a posibles represalias.
Incluso, aseguran que la funcionaria señalada tendría influencia sobre jueces que han llegado a esa instancia, mientras que algunos impartidores de justicia sí habrían enfrentado procedimientos administrativos.
Hasta el momento, el Poder Judicial del Estado de Veracruz no ha emitido una postura oficial respecto a las acusaciones.
La falta de una respuesta pública y de investigaciones visibles ha reavivado el debate sobre la permanencia de grupos familiares dentro de las instituciones y el impacto que ello tiene en la confianza ciudadana hacia los órganos encargados de impartir justicia.
