Ixhuatlancillo, Ver.- Entre acusaciones de presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en la integración del comité encargado de administrar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam), habitantes de Ixhuatlancillo exigieron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para revisar el proceso y garantizar transparencia.
Los inconformes denunciaron que la celebración de tres asambleas consecutivas habría sido utilizada, presuntamente, para favorecer intereses particulares y asegurar el control de los recursos destinados a las comunidades indígenas y afromexicanas, situación que, afirmaron, debe ser investigada por las autoridades competentes.
Ante estos señalamientos, los ciudadanos advirtieron que existen dudas sobre la legalidad del procedimiento y no descartaron que detrás de las decisiones tomadas pudieran existir actos de corrupción, por lo que demandaron una revisión exhaustiva del actuar de los funcionarios involucrados.
Asimismo, solicitaron que se investigue la actuación del personal de la Secretaría de Bienestar asignado al municipio, al considerar que presuntamente se habría conducido con parcialidad durante las asambleas, favoreciendo a determinados grupos en detrimento de la voluntad de las comunidades.
Los habitantes subrayaron que los recursos del Faispiam representan una oportunidad para atender rezagos históricos en las localidades indígenas, por lo que advirtieron que cualquier manipulación o uso indebido de estos fondos constituiría una grave afectación para los sectores más vulnerables de la población.
A la par de las denuncias por las presuntas anomalías, también exigieron justicia por el caso de un menor de edad que resultó lesionado durante la asamblea celebrada el 14 de junio.
Los ciudadanos pidieron una investigación imparcial para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades contra quien resulte responsable.
El clima de inconformidad ha generado preocupación entre los denunciantes, quienes manifestaron temor por posibles represalias derivadas de las acusaciones públicas, razón por la que solicitaron medidas de protección y garantías para su seguridad por parte de las autoridades estatales y federales.
Los pobladores reiteraron que no buscan confrontaciones, sino que se respete la decisión de las comunidades y se transparenten los procesos relacionados con los recursos públicos.
“Queremos que se investigue a fondo y que, si hubo corrupción o manipulación, se castigue a los responsables”, expresaron, al insistir en que el pueblo de Ixhuatlancillo merece certeza y rendición de cuentas.
