Por Luis Adalberto Maury Cruz
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¿Cuál es la función de la transparencia proactiva en la gobernabilidad? En un Estado democráticos de derecho o un régimen que pretenda construir una gobernabilidad democrática, el marco jurídico es el andamiaje institucional básico que permite establecer las reglas del juego político, económico y social. Sin embargo la ley se asume no como un decálogo legalista o leguleyo, sino desde la progresividad de los derechos humanos, obligatorio desde 2011 en México, en suma el Estado está en función de la dignidad humana. De no ser así ya sea por comisión u omisión es un Estado que incurren violaciones a derechos humanos. Esto no quiere decir que el gobierno deba ser permisivo frente al vandalismo, la delincuencia organizada o el delito, sino que el gobierno está facultado en ejercer la violencia legal y legítima, entiéndase en términos de autoridad y facultades públicas de naturaleza hacendaria, de seguridad pública y de seguridad nacional. La permisibilidad sólo incrementa la violación al estado de derecho, viola el derecho a la vida digna, trastocando el tejido social y económico.
El derecho político hoy se enmarca en un derecho humano a la participación en la vida pública en del Estado. Sin embargo, tal prerrogativa es inerte si se carece del ejercicio a la información pública por parte de la población y si el gobierno no acata la transparencia proactiva.
No es el punto de estas líneas reflexionar el ejercicio ciudadano del derecho a la información pública, que de suyo es deseable en una sociedad democrática no está en discusión; sino que se trata de pensar la responsabilidad legal y política del sujeto obligado, es decir las personas físicas o morales que manejen recurso públicos tiene la obligación jurídica de ser transparente, publicitar sus actividades y recursos públicos en términos de las leyes de transparencia y acceso a la información pública vigentes.
La transparencia proactiva es obligación del sujeto obligado, en términos de progresividad del derecho humano a la información pública.
La reserva de información pública es a razón de garantizar la seguridad nacional, la investigación ministerial, la presunción de inocencia, la identidad e integridad de las víctimas; son excepciones contempladas en ley. Reservar información pública por razón de seguridad nacional es correcto, empero lo incorrecto es recurrir a ese concepto desconociéndolo, no haciendo la debida motivación y fundamentación legal, un ejemplo de esto es lo que ocurrió en el revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio al frenar los efectos del acuerdo publicado por el Ejecutivo Federal para blindar la reserva de información de las obras prioritarias que impulsa. Esto sólo evidencia el desconocimiento legal y la falta de operación política, craso error. Sin embargo, evidencia una autonomía entre el poder judicial y ejecutivo.
La ausencia de la transparencia proactiva inhibe y obstaculiza la progresividad democrática y es un incumplimiento al deber legal del sujeto obligado; pues se imposibilita el derecho a la información, en términos de progresividad, si ésta no se encuentra disponible de forma permanente, objetiva, oportuna y en lenguaje ciudadano que todo esto es una obligación legal, que debe estar en los portales de transparencia; entonces hay violación a derechos humanos e incumplimiento de un deber normativo.
Al ocurrir desde las instituciones del Estado es un socavar el principio de legalidad y de gobernabilidad democrática; pues a menor información el análisis, la toma de decisiones y las evaluaciones de lo público es pobre o nulo para la ciudadanía y la sociedad; no hay forma para la contraloría social lo cual es una aberración para una democracia. Así, la función de la transparencia proactiva va más allá del principio de legalidad, es un medio institucional para la gobernabilidad contemporánea. Pues al no haber acceso libre a la información pública, hay violación a derechos humanos que son imprescriptibles. En fin, ¿usted qué piensa?…
