Orizaba, Ver.- Las micro y medianas empresas reclaman espacios para mejorar las condiciones económicas del sector, para ello piden al presidente López Obrador que les destinen al menos 35 por ciento de las compras públicas, lo que de paso aumentará hasta 2 puntos en el Producto Interno Bruto (PIB) del país; “la contratación pública tiene doble impacto, mayor generación de empleo, apetito por el emprendimiento, desarrollo tecnológico, mayor captación tributaria y social”.
De acuerdo con Juan Vega, vicepresidente de la delegación de Canacintra en Orizaba, la propuesta “Impulso a las MiPymes”, presentada por José Antonio Centeno Reyes, presidente nacional de ese organismo, “tiene la finalidad de establecer mecanismos que garanticen que se destine al menos 35% de las compras públicas a micro pequeñas y medianas empresas conforme a la ley de la materia.
”El impacto esperado es de hasta 2% del PIB y los beneficios adicionales de la propuesta son el desarrollo de los proveedores, incremento de contenido nacional y capacidad instalada de producción, encadenamientos productivos, incremento del empleo formal, innovación y desarrollo tecnológico, mayor captación tributaria, entre otros”.
La contratación pública es clave, al ser palanca de desarrollo y haciendo uso de la estrategia podemos generar un impacto de 2 puntos porcentuales del PIB, sobre todo porque las MiPyMes representan 52% de ese indicador y generan 78% de empleo según Inegi, “sin embargo, no hemos sido capaces de lograr el sostenimiento de empresas porque la mayoría desaparecen en un periodo de 5 años de acuerdo con la misma fuente”.
El presupuesto federal considerado para 2022 es de más de 7 billones de pesos, “de lo que se estima que pasará por gasto de operación e inversión el 20% del monto, equivalente entre el 8 y 10% del PIB, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de MiPyMes y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, establece en su artículo 10 que se debe promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las entidades federativas realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las empresas de estas características de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo de 35%, conforme a la normativa aplicable”.
El Estado en la adquisición de bienes, contratación de servicios e infraestructura, es el de mayor potencial e impacto en el desarrollo de proveedores, generación de contenido nacional, incremento de capacidad instalada y encadenamiento a los sectores de la industria a nivel nacional e internacional, por ello, establecer una política pública que genere condiciones de competencia y desarrollo de mercado interno, es fundamental, agrega.
Por ello, la contratación pública a través de MiPyMes no sólo hace más eficaz el gasto público, sino que tiene doble impacto en el desarrollo de nuestro país, creando capacidades internas como mayor generación de empleo, apetito por el emprendimiento, desarrollo tecnológico, mayor captación tributaria y social, así como innovación.
La Canacintra, dice, “propone establecer mesas de trabajo con la participación activa de la sociedad civil a través de las cámaras empresariales, cuyo objeto es potenciar las compras mediante una mejor planeación y articulación de las cadenas de proveeduría; mecanismos de supervisión, medición y evaluación del cumplimiento del porcentaje mínimo de asignación a las MiPyMes del 35%”.
Una política pública para alinear el objetivo de impulsar el desarrollo de la competitividad de las mipymes con la estrategia de contratación pública del gobierno federal, articulando las responsabilidades de la Oficialía Mayor de Hacienda y la Secretaría de Economía.
Lo que se busca es agilizar la metodología de gestión de riesgos orientada a favorecer el cumplimiento de las obligaciones, fiscalización eficiente y candados para evitar corrupción, tener un observatorio de compras con datos abiertos, transparencia, indicadores y estadísticas; facilitar acceso a este sector estableciendo condiciones básicas de mercado, ejemplo el cuadro básico de medicamentos y material de curación.
Igual se pretende la simplificación de requisitos, anticipos, participación conjunta simple; pagos puntuales y ágiles, así como anticipos; facilidades para otorgar garantías de cumplimiento, así como la resolución de conflictos que prioricen el cumplimiento de las obligaciones y no la sanción.
