Familiares y amigos del padre de la menor que presuntamente fue abusada sexualmente por su medio hermano se manifestaron afuera del Poder Judicial del municipio de Veracruz.
Se apostaron sobre la calle Jiménez Sur con pancartas, donde se podía leer: “Los niños merecen justicia”, así como acusaciones de “corrupto” al juez que lleva el caso.
Ricardo Francisco González Calvo, padre de la menor, acusó al juez octavo de Primera Instancia, Javier Castellanos Chargoy, de cometer una serie de irregularidades en el caso para favorecer a la madre de la menor.
Señaló que ella sabía lo que había ocurrido entre su hija y su medio hermano, pues la menor le contó, y a pesar de eso, no actúo en consecuencia.
Exigió que el juez sea retirado para que otro con mayor objetividad pueda analizar las pruebas.
González Calvo aseguró que el juez ha convocado a dos audiencias que no le fueron notificadas y en que sus pruebas fueron declaradas como desiertas.
“Ya no me están tomando en cuenta y todo está a favor de la mamá de mi hija, a pesar de que todos se han mostrado desde en la primera audiencia con el primer juez que llevó el caso”, comentó.
Desde hace dos años y medio, la menor que actualmente tiene ocho años vive con su padre. Cuando ocurrió el presunto abuso, la pequeña tenía seis. Su padre considera que ella no tiene por qué volver a vivir a la casa donde se encuentra su presunto abusador (su medio hermano).
“Todo indica que quiere regresar a su hija con su mamá y con la persona que le hizo daño. Mi hija le dijo todo lo que pasó a su mamá y ella sólo regaña al niño y los mandó a dormir en el mismo cuarto nuevamente”.
El padre de la menor indicó que el medio hermano, se presume, cometió el abuso cuando tenía 11 años, actualmente tiene 13.
“Mi hija tiene ocho años, ella no quiere convivir con su hermano mayor. Yo vine a hablar con el juez para ver qué pasaba con las irregularidades”.
Afirmó que el togado acusó a su abogado de ser responsable de las irregularidades, cuando él no cuenta con uno, ya que prácticamente se representa. Exigió a las autoridades tomar en cuenta la declaración que ambos menores hicieron ante una psicóloga del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, cuando ocurrió el abuso.
