Veracruz conoce demasiado bien el costo de informar. Durante el gobierno de Javier Duarte, el estado se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo sin estar formalmente en guerra. El número de periodistas asesinados colocó a la entidad por encima de países inmersos en conflictos armados abiertos. No fue un accidente ni una sucesión de hechos aislados: fue el resultado de un entorno marcado por la colusión entre poder político, crimen organizado y aparatos de seguridad, acompañado de una impunidad casi absoluta y de un abandono deliberado de la responsabilidad institucional.
Buena parte de los periodistas ultimados en aquellos años provenían de la fuente policiaca. Esa recurrencia tampoco no fue casual. Informar sobre seguridad pública, corrupción, vínculos criminales o abusos de autoridad se transformó en una actividad de alto riesgo. No por el oficio en sí, sino por los intereses que tocaba y los silencios que rompía. El mensaje que se envió entonces fue inequívoco y devastador: hay temas que se pagan con la vida, y hay verdades que el poder no está dispuesto a tolerar.
Recordar ese periodo no implica afirmar continuidad política ni sugerir que el presente reproduzca aquel esquema criminal. Pero tampoco admite amnesia. La memoria no cumple aquí una función retórica, sino preventiva. Cada nuevo ataque contra un periodista —como el ocurrido recientemente en Poza Rica— obliga a reconocer que la indefensión estructural del gremio no ha sido erradicada del todo. Mientras la cobertura de seguridad siga siendo una actividad de riesgo elevado, la herida permanece abierta y la historia no puede darse por concluida.
La diferencia entre un pasado de barbarie y un presente democrático no se mide únicamente por la ausencia de órdenes criminales emanadas desde el poder, sino por la capacidad real del Estado para garantizar condiciones de protección, investigar con rigor y sancionar sin simulación. Cuando un periodista es asesinado y la respuesta institucional resulta lenta, confusa o insuficiente, no sólo falla la justicia: se erosiona el derecho colectivo a la información y se debilita la vida pública.
Garantizar el ejercicio del periodismo no es una concesión ni un gesto discursivo. Es una obligación constitucional y democrática. Exige mecanismos de protección eficaces, fiscalías verdaderamente autónomas, protocolos claros y una voluntad política que no se agote en comunicados. Exige también una sociedad que comprenda que cada periodista silenciado empobrece el debate público y reduce el espacio de la verdad.
La ruptura con el pasado no se decreta ni se presume. Se construye caso por caso, con investigaciones concluyentes, sanciones visibles y protección efectiva. Mientras eso no ocurra de manera sostenida, Veracruz seguirá cargando una herida abierta que interpela al Estado, al sistema de justicia y a la conciencia democrática de la sociedad.
