La violencia en Veracruz no nació ayer ni es fruto exclusivo de un ciclo político en particular: es una herencia acumulada durante décadas de distorsiones institucionales, complicidades enquistadas y abandono social. El estado, por su ubicación estratégica en el Golfo de México, ha sido históricamente un territorio codiciado para el comercio, el contrabando, el narcotráfico y las rutas migratorias.
Esa condición geográfica, lejos de convertirse en ventaja, se volvió caldo de cultivo para disputas criminales que encontraron terreno fértil en instituciones débiles, cuerpos policiacos capturados por intereses ajenos a la seguridad pública y una ciudadanía habituada al desencanto frente a autoridades que rara vez respondieron a sus demandas. La pacificación de Veracruz se ha topado con enormes dificultades. Por un lado, la herencia de cuerpos policiales corporativos que durante años funcionaron como brazos armados de caciques regionales o, en el mejor de los casos, como instrumentos de recaudación clandestina mediante extorsiones.
Por otro, la ausencia de un sistema judicial confiable: ministerios públicos sin capacidad técnica, tribunales sobrecargados y jueces bajo sospecha. Todo ello conforma un escenario en el que la impunidad ronda el 90 por ciento de los delitos. Con semejante antecedente, resulta comprensible que las políticas recientes de reforzamiento policial y coordinación federal apenas logren efectos parciales y, a menudo, pasajeros. Ejemplos sobran.
El operativo “Tierra Blanca” en 2016, donde policías estatales estuvieron implicados en la desaparición de cinco jóvenes, destapó la profundidad de la colusión entre agentes de seguridad y el crimen organizado. Otro caso recurrente ha sido el hallazgo de fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, con cientos de restos humanos: evidencia no sólo de la brutalidad criminal, sino de la prolongada ceguera oficial frente a una violencia sistemática que requería de estructuras estatales para sostenerse. Estos episodios muestran cómo la violencia en Veracruz no es mero resultado de enfrentamientos entre cárteles, sino la consecuencia de un Estado desfigurado que durante años operó en beneficio de unos cuantos.
El problema no radica únicamente en la seguridad. La violencia se alimenta también de desigualdades persistentes: pobreza, marginación rural, falta de oportunidades laborales y educativas. Municipios serranos con altísimos índices de migración funcionan como semilleros para la economía criminal. Jóvenes sin acceso a estudios superiores ni empleos dignos encuentran en la delincuencia organizada un salario rápido y una pertenencia simbólica. En paralelo, regiones urbanas como Xalapa o Coatzacoalcos han visto cómo la informalidad económica y el abandono industrial generan entornos donde la extorsión o el cobro de piso se integran al tejido cotidiano.
Las limitaciones institucionales derivan de distorsiones acumuladas en décadas de gobiernos que entendieron la seguridad como un botín político más que como un derecho ciudadano. La fragmentación entre niveles de gobierno, la descoordinación con la federación y la falta de inversión en ministerios públicos o policías de investigación dejaron un aparato de justicia raquítico. A esto se suma la desconfianza ciudadana: denunciar un delito en Veracruz ha sido, para muchos, abrir la puerta a represalias. Reconstruir esa relación es una tarea que no se resuelve con discursos, sino con hechos tangibles.
Las políticas públicas para revertir esta situación requieren una mirada integral. Primero, un fortalecimiento real de las instituciones de procuración de justicia.
Ello implica profesionalizar ministerios públicos, garantizar su independencia y dotar a jueces y fiscales de mecanismos de protección frente a presiones criminales y políticas. La reciente reforma judicial nacional puede ser una oportunidad, pero en Veracruz debe acompañarse de un rediseño profundo de la policía investigadora y de la fiscalía estatal, con controles ciudadanos que eviten su captura.
En segundo lugar, resulta indispensable impulsar programas de prevención social. No basta con desplegar más Guardia Nacional en las carreteras o saturar de retenes las ciudades.
Se necesita reconstruir el tejido comunitario mediante inversión en educación, deporte, cultura y empleo. Un programa estatal de becas para jóvenes de municipios de alta marginación, acompañado de incentivos a empresas que generen trabajo formal en esas regiones, puede reducir el atractivo de la criminalidad.
Tercero, la atención a las víctimas debe ser un eje central. Veracruz acumula miles de desaparecidos y familias enteras en búsqueda. Una política de pacificación no puede ignorar el dolor de quienes siguen exigiendo justicia. Crear centros regionales de atención integral a víctimas, con presupuesto garantizado y acompañamiento psicológico, jurídico y económico, no es un lujo: es una deuda moral.
Finalmente, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales. La creación de observatorios ciudadanos en seguridad y justicia, integrados por universidades, organizaciones sociales y medios de comunicación, serviría para vigilar la actuación gubernamental y evitar que las promesas de pacificación se queden en propaganda.
Veracruz carga con una violencia heredada que no se resolverá en pocos años. La reconstrucción institucional es lenta, y el cambio cultural —la transición de un pacto tácito con la impunidad hacia un verdadero Estado de derecho— exige paciencia y firmeza. Pero no hay alternativa: o se emprende esa transformación con seriedad o se condena a la sociedad veracruzana a seguir viviendo entre el miedo y la desconfianza.
La pacificación, aunque difícil, no es imposible: requiere visión de Estado, voluntad política y un compromiso sostenido que supere coyunturas electorales y se ancle en la dignidad de las personas.
