El mismo día en que Veracruz volvió a temblar —un sismo leve, pero suficiente para recordarnos que vivimos sobre una tierra viva y vulnerable— se conoció la intención del exgobernador Javier Duarte de solicitar su libertad anticipada. Dos hechos en apariencia inconexos: uno natural, otro político. Pero ambos hablan de lo mismo: la fragilidad estructural del Estado, de su suelo físico y de su cimiento moral.
Mientras los ríos se desbordan, los cerros ceden y los ductos de Pemex vuelven a filtrarse, la maquinaria judicial se dispone a liberar al hombre que simbolizó la corrupción y el despojo institucional de una época. Los daños de aquel gobierno no fueron sólo financieros; fueron éticos y ambientales. Los hospitales abandonados, los programas sociales saqueados y los pueblos envenenados por fugas de hidrocarburo son parte de un mismo legado: un poder que confundió el servicio público con la rapiña organizada.
El derrame de hidrocarburo en el río Pantepec, reportado por Pemex tras las recientes lluvias, confirma que Veracruz sigue atrapado en un ciclo de emergencia permanente. Cada temporal revela las mismas grietas: obras inconclusas, mantenimiento deficiente, comunidades expuestas. Las instituciones actúan después, nunca antes. No hay sistema de alerta temprana que sustituya a la cultura de la prevención, y esa cultura sigue ausente.
Al otro extremo, Duarte representa el síntoma moral de la otra emergencia: la impunidad institucionalizada. Cumplidos los plazos legales, su posible excarcelación no es una sorpresa jurídica, pero sí un golpe ético. Nadie niega su derecho a los beneficios de ley; lo que indigna es que el Estado no haya reparado el daño causado ni recuperado los recursos robados. Liberarlo sin justicia plena equivale a cerrar un expediente sin cerrar la herida.
El paralelismo entre la falla geológica y la falla moral es inevitable. Ambos fenómenos surgen de presiones acumuladas: una, en las entrañas de la tierra; otra, en las entrañas del sistema político. Cuando el subsuelo se mueve, la naturaleza habla. Cuando la impunidad avanza, es la conciencia pública la que tiembla. Y en ambos casos, la pregunta es la misma: ¿hemos aprendido algo?
Veracruz necesita blindarse no sólo contra los temblores y los huracanes, sino contra la erosión de su propia memoria. Cada derrame, cada desastre, cada liberación anticipada de un corrupto reabre la herida de un pueblo que carga con demasiadas pruebas de resistencia. Es hora de sustituir la resignación por estrategia, la queja por planeación, el olvido por justicia.
El Estado debe reconstruirse con la misma lógica que exige la protección civil: identificar riesgos, corregir vulnerabilidades, y prever las consecuencias antes de que el daño sea irreversible. Si no se repara el suelo ni la moral pública, la historia seguirá repitiéndose con nombres distintos y tragedias parecidas.
Hoy Veracruz tiembla por dentro y por fuera. No basta con que los edificios resistan: deben resistir también las instituciones. Y eso sólo ocurrirá cuando el Estado deje de ser un territorio de desastres —naturales o humanos— para convertirse en una tierra de responsabilidades cumplidas.
