ECP
La conferencia matutina de ayer martes 7 de octubre fue un parteaguas incómodo: la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que Veracruz se mantiene entre los estados con mayor número de homicidios dolosos del país, un dato que el propio gabinete de seguridad federal venía manejando con prudencia desde hace meses. La cifra no sorprende —el incremento sostenido en asesinatos, feminicidios y violencia política ya lo anticipaba—, pero su confirmación desde Palacio Nacional tiene un peso político mayor: obliga a mirar de frente lo que muchos gobiernos estatales prefieren maquillar.
Sheinbaum habló sin eufemismos: los datos provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y colocan a Veracruz junto a Guanajuato, Jalisco y el Estado de México como los territorios donde la violencia letal se resiste a ceder. Lo dijo con serenidad técnica, pero el mensaje es claro: la estrategia federal de seguridad debe aterrizar en un estado donde las cifras chocan con el discurso de estabilidad que intenta proyectar el gobierno local.
Minutos después, en Xalapa, la gobernadora Rocío Nahle ofreció una conferencia paralela. Su tono fue defensivo, casi urgente. Confirmó un enfrentamiento armado entre policías municipales y estatales en la zona centro de Veracruz, un hecho tan absurdo como revelador: las fuerzas de seguridad, llamadas a proteger a la población, terminaron apuntándose entre sí. Hubo varios heridos, patrullas baleadas y versiones encontradas sobre quién disparó primero. Nahle prometió una investigación “a fondo” y anunció la suspensión temporal de los agentes involucrados. Pero la escena, más allá de sus detalles, simboliza la fractura de autoridad que atraviesa al estado.
El diagnóstico de Sheinbaum y la reacción de Nahle convergen en una misma pregunta: ¿quién controla la violencia en Veracruz? La respuesta, a la luz de los hechos, es que el control se ha diluido. En las regiones del norte y del Papaloapan, los grupos criminales se disputan las rutas del combustible y del tráfico de migrantes; en las zonas urbanas, la extorsión y el narcomenudeo se han infiltrado en la vida cotidiana. Y, como en una radiografía del colapso institucional, los cuerpos policiales exhiben fisuras internas, rivalidades políticas y lealtades cruzadas.
Sheinbaum fue cuidadosa al no personalizar las críticas, pero dejó implícito un mensaje: el Estado mexicano no puede permitir que sus fuerzas de seguridad se conviertan en actores del conflicto. Enfatizó que la Secretaría de Seguridad federal enviará un equipo de inteligencia mixto a Veracruz para apoyar las investigaciones del caso y revisar protocolos de coordinación entre policías municipales y estatales. También recordó que la federación mantiene presencia permanente en la entidad a través de la Guardia Nacional, pero reconoció que los resultados aún no son los esperados. “Estamos construyendo una política de seguridad que no se basa en la fuerza, sino en la inteligencia y la prevención”, dijo.
Sin embargo, los números son implacables. Según los últimos reportes, Veracruz acumula más de mil doscientos homicidios dolosos en lo que va del año, un promedio de cuatro asesinatos diarios. En algunos municipios —como Poza Rica, Coatzacoalcos o Córdoba— la tasa supera la media nacional. El dato se agrava con el aumento de feminicidios, secuestros y desapariciones forzadas. Es un mapa que contradice la retórica oficial de “tranquilidad recuperada” y que coloca a la gobernadora frente a un dilema: reconocer la crisis o seguir disputando la narrativa.
El enfrentamiento entre policías no es un hecho aislado. Es la manifestación visible de un sistema corroído desde dentro: mandos locales capturados por intereses políticos, corporaciones mal pagadas, falta de capacitación, corrupción en la cadena de mando y opacidad en las investigaciones. Nahle ha prometido “reordenar” las fuerzas municipales y fortalecer la coordinación estatal, pero hasta ahora la respuesta ha sido administrativa, no estructural. Sin depuración profunda, los cuerpos policiales seguirán siendo piezas de un tablero donde la lealtad se compra por nómina.
Lo contradictorio es que Veracruz, con su litoral estratégico, su producción energética y su peso electoral, debería ser un emblema de estabilidad. En cambio, se ha vuelto un termómetro del fracaso institucional: cada escándalo policial o asesinato político repercute en el gabinete federal, tensiona a Morena y erosiona la confianza ciudadana. La presidenta Sheinbaum lo sabe y por eso decidió nombrarlo abiertamente. Callar habría sido peor.
Rocío Nahle, por su parte, enfrenta un doble desafío. El primero, operativo: reducir la violencia real en el territorio. El segundo, narrativo: recuperar credibilidad ante una opinión pública que percibe distancia, improvisación o negación. El enfrentamiento entre policías, además de un incidente grave, es una metáfora del propio gobierno estatal: una estructura dividida, donde los brazos no responden al mismo cuerpo.
En su discurso de ayer, Sheinbaum insistió en la cooperación y la coordinación, pero también envió una señal política de mayor calado: los estados que no controlen su violencia serán intervenidos institucionalmente. No se trata de federalizar policías, sino de evitar que la anomia local devore los avances nacionales. Veracruz, dijo, será una prioridad inmediata. La frase suena a advertencia más que a respaldo.
Si algo quedó claro en la mañanera es que el país ya no puede normalizar el horror estadístico. En Veracruz, el crimen ha dejado de ser un problema de “seguridad” para convertirse en un problema de autoridad. La violencia no sólo mata personas: mata instituciones. Y mientras las patrullas sigan disparándose entre sí, será imposible convencer al ciudadano de que el Estado está del mismo lado que él.
*Es Cosa Pública
