El uso del fracking en la explotación de pozos de gas natural provocaría en México un uso excesivo de agua que arriesgaría al país a una crisis hídrica, advierte un estudio de la organización Agua.org.mx, que analiza el impacto potencial de replicar en territorio nacional el modelo de extracción de hidrocarburos no convencionales aplicado en Estados Unidos.
De acuerdo con el documento, la fractura hidráulica —conocida popularmente como fracking— demanda volúmenes de agua que, en un contexto de acuíferos sobreexplotados y ciudades con cortes prolongados en el suministro, podrían agravar la presión sobre el recurso. La advertencia cobra relevancia luego de que, a inicios de febrero de 2026, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum abriera la puerta a la extracción de gas natural y aceite mediante esta técnica, con el argumento de avanzar hacia la soberanía energética y reducir la dependencia de importaciones desde Estados Unidos.
El proyecto contempla una inversión cercana a mil millones de dólares y marca un giro respecto al sexenio anterior, cuando el fracking fue vetado por sus implicaciones ambientales. No obstante, la decisión ha reactivado cuestionamientos sociales y políticos, particularmente en torno a la llamada “licencia social” y a los costos ambientales que podría implicar en un país con estrés hídrico creciente.
Según datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), en Texas un pozo horizontal de fracking utiliza entre 7.6 y 18.9 millones de litros de agua, mientras que uno vertical requiere alrededor de 190 mil litros. No resulta incoherente pensar que, de replicarse el modelo en México, las cifras serían similares.
Si se adoptara un ritmo de explotación comparable al estadounidense —cerca de 9 mil pozos al año, cifra que se ha sugerido como referencia— el volumen total de agua necesario equivaldría al consumo doméstico de 100 litros por persona al día para entre 1.8 y 7.2 millones de personas. En términos prácticos, el agua destinada a la fractura hidráulica podría abastecer a ciudades enteras.
La técnica consiste en una perforación vertical hasta alcanzar la formación rocosa que contiene hidrocarburos y posteriormente una perforación horizontal. A través de esta se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y más de 750 sustancias químicas que fracturan la roca y liberan el gas o petróleo atrapado. Las fracturas pueden extenderse por kilómetros y los pozos suelen tener una vida productiva corta, de entre uno y dos años.
Además del volumen requerido, el estudio alerta sobre el riesgo de contaminación. Entre las sustancias empleadas se encuentran compuestos como metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Tras el proceso, el agua de retorno contiene metales pesados, hidrocarburos y materiales radiactivos presentes en el subsuelo. Su tratamiento es complejo y costoso, por lo que en ocasiones se almacena en pozos letrina, donde se han documentado fugas que pueden afectar fuentes de agua potable y generar riesgos para la salud pública.
En este contexto, impulsar el fracking en 2026 implica evaluar no solo la rentabilidad económica, sino también los costos ambientales y sociales. A cuatro años de las metas del Acuerdo de París y de la Agenda 2030, la discusión rebasa el ámbito técnico. Se trata de decidir cómo equilibrar la seguridad energética con la protección del agua en un país donde la crisis hídrica ya es una realidad cotidiana.
