Orizaba, Ver.- La elección de jueces y magistrados, un evento que en teoría representa un avance hacia una justicia más democrática, enfrenta una realidad preocupante: se espera una participación ciudadana de apenas entre 8 y 9 por ciento del electorado.
Diversos factores se combinan para generar este escenario, entre ellos la falta de información, la complejidad del proceso electoral y el desconocimiento general de la ciudadanía sobre cómo votar y a quién elegir, opina Fernando Mendoza analista político.
La elección del Poder Judicial, que por primera vez involucra de forma directa al electorado, ha resultado ser un proceso complicado para la mayoría de las personas. Muchos ciudadanos desconocen los nombres de los candidatos, sus trayectorias, sus méritos y los criterios que deberían guiar su decisión al emitir el voto. Esta desinformación no sólo afecta la calidad del sufragio, sino que desincentiva la participación.
Los votantes no han recibido materiales explicativos, campañas informativas suficientes o recursos educativos accesibles que les permitan entender con claridad en qué consiste esta elección, cuál es su importancia y cómo ejercer su derecho de manera responsable, explicó.
A diferencia de elecciones más conocidas “donde el votante ya está familiarizado con los procedimientos y las figuras políticas involucradas, la elección de jueces y magistrados se presenta como una novedad difícil de digerir”.
El proceso incluye la revisión de extensas listas de candidatos con perfiles técnicos y especializados, lo cual complica aún más la toma de decisiones para la ciudadanía común. Al no existir una pedagogía clara por parte del Estado o los organismos electorales, muchas personas sienten que no cuentan con las herramientas necesarias para emitir un voto consciente. Esto puede derivar en un fenómeno aún más peligroso: la apatía total frente al proceso electoral.
Las proyecciones sobre la participación, que no superan el nueve por ciento, una elección con tan baja participación ciudadana pone en duda la legitimidad del proceso y de los candidatos electos. Si sólo una pequeña fracción de la población interviene en la decisión, ¿hasta qué punto puede hablarse de una elección democrática y representativa?.
Además, este tipo de resultados puede tener consecuencias a largo plazo en la confianza de la ciudadanía hacia el sistema judicial y político en general. Un proceso que se percibe como fallido puede profundizar la desafección política y reforzar la idea de que el voto no tiene impacto.
Frente a este panorama, es urgente que las autoridades electorales, medios de comunicación, organizaciones civiles y académicas tomen un rol activo en la promoción de la información y la educación ciudadana. Sólo con una ciudadanía informada se puede aspirar a una justicia verdaderamente democrática y participativa.
La elección de jueces y magistrados, advierte, “está llamada a ser un hito en la participación ciudadana, pero podría convertirse en un fracaso por falta de claridad, educación cívica y acceso a la información. Con una participación estimada de apenas el 8 al 9 por ciento, es urgente reflexionar sobre la forma en que se están implementando estos procesos y qué medidas pueden tomarse para evitar que la democracia termine siendo una formalidad sin contenido real. La ciudadanía no puede elegir con sabiduría si no se le da primero el conocimiento y las herramientas necesarias para hacerlo.
