Orizaba, Ver. – La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) arrancó el nuevo cuatrimestre educativo con un adeudo de pagos equivalente a dos periodos, que alcanzaría los 30 millones de pesos, situación que ha generado preocupación entre los docentes solidarios y ha puesto en entredicho la administración de los recursos de la casa de estudios, aunque existe esperanza de que las reformas votadas recientemente a la Ley que crea la institución permitan restablecer el orden financiero y garantizar el pago de los compromisos pendientes.
De acuerdo con denuncias de profesores, la UPAV adeuda a sus trabajadores entre 20 y 30 millones de pesos, correspondientes a dos cuatrimestres de salario o gratificaciones por su labor docente, ya que los pagos por estos periodos —que por cada cuatrimestre pueden representar entre 10 y 15 millones de pesos en nómina— no han sido cubiertos por la institución.
Esta situación se produce en un contexto de ajustes administrativos y legales para ordenar el manejo de los recursos de la universidad, luego de que la gobernadora Rocío Nahle García presentó al Congreso del Estado una iniciativa de reformas a la Ley número 276 que crea la UPAV, misma que fue aprobada por la Legislatura local.
El objetivo de estas reformas es establecer procedimientos claros de recaudación, administración y vigilancia del patrimonio universitario, con el fin de garantizar que los recursos se destinen estrictamente al sostenimiento, mejora y expansión de los programas educativos.
Entre los principales cambios aprobados está la obligación de transparentar las fuentes de financiamiento, centralizar la recaudación de las cuotas estudiantiles y optimizar el control de los recursos mediante mecanismos oficiales, lo que la administración estatal y legisladores consideran necesario para evitar irregularidades como el retraso en pagos a docentes.
Docentes de la institución, quienes hablaron bajo reserva de sus nombres debido a la sensibilidad del tema, señalaron que, aunque hay inconformidad por la falta de pago, hay también expectativa de que los adeudos sean liquidados conforme la UPAV implemente las nuevas obligaciones legales y administrativas.
“Hay molestia por la falta de pago, pero también esperanza de que con las reformas a la Ley se restablezca el orden administrativo y se atiendan los compromisos pendientes con el personal académico”, dijo uno de los profesores afectados.
El conflicto surgió luego de que los maestros han cumplido con sus labores docentes durante los cuatrimestres recientes, sin que hasta ahora hayan recibido la compensación correspondiente pese a que los estudiantes han pagado puntualmente sus cuotas cuatrimestrales, que en promedio ascienden a 2 mil pesos por alumno por cuatrimestre.
La problemática ha generado diversas protestas y movilizaciones de docentes y estudiantes. En Orizaba, asesores y representantes solidarios realizaron acciones pacíficas para exigir el cumplimiento de los pagos que debían haberse efectuado desde hace más de tres meses, y denunciaron deficiencias en la administración, incluida la falta de transparencia sobre el manejo de los recursos que miles de alumnos aportan cada ciclo académico.
Este desorden financiero ha estado acompañado de fallas administrativas como la falta de rector efectivo tras la salida del anterior titular, lo que ha agravado la incertidumbre entre los trabajadores y estudiantes sobre el destino de sus pagos y los recursos de la institución.
La UPAV fue creada en 2011 con la finalidad de ampliar las oportunidades educativas en comunidades con rezago social y educativo en Veracruz, ofreciendo programas de educación media superior, superior y posgrado con un enfoque social y flexible. Actualmente atiende a más de 58 mil estudiantes en diversas regiones del estado.
Las reformas a la Ley que crea la universidad buscan no solo corregir los problemas actuales, sino garantizar que en el futuro se cuide la integridad del patrimonio universitario, se transparente la gestión de los recursos y se fortalezca la administración de la casa de estudios para que cumpla con sus fines educativos y sociales sin poner en riesgo los derechos laborales de quienes colaboran en ella.
