Por Alejandro León
El comunicado emitido por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana el pasado 4 de junio de 2025 constituye un acto institucional de cuestionable legitimidad y dudosa legalidad. En él se informó que dicho órgano decidió procesar la solicitud de prórroga presentada por el actual Rector. Lejos de garantizar el cumplimiento del marco normativo, la Junta optó por reinterpretarlo de forma forzada, abriendo así un precedente preocupante para la vida institucional de la Universidad.
Es indispensable subrayar que el debate, en este momento, no puede reducirse a una cuestión de edadismo, como si el único obstáculo legítimo para una posible reelección fuera el límite de edad. Tampoco debe centrarse exclusivamente en el rechazo del supuesto “derecho” a solicitar una prórroga del periodo rectoral. Cabe recordar que la ley no garantiza derechos individuales para permanecer en el poder; garantiza procedimientos justos y condiciones de legalidad para acceder a él. En este momento, lo que está en juego no es solo el deseo de continuidad de una persona, sino la integridad institucional del proceso de designación rectoral.
El marco narrativo que el grupo en el poder ha querido imponer es que, de no ser por una restricción discriminatoria o por una supuesta incomprensión del concepto de “prórroga” contenido en la Ley Orgánica, el actual Rector estaría plenamente habilitado y legitimado para continuar. Esta estrategia retórica desplaza el debate hacia un terreno artificial, mientras elude una de las discusiones sustantivas: la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas y la necesidad de una alternancia en el liderazgo institucional.
En ese sentido, el uso del discurso de los derechos humanos y de la supuesta legalidad de la prórroga como justificación resulta no solo improcedente, sino peligrosamente manipulador. Se pretende presentar como víctima a quien ocupa —y aspira a prolongar por medios ilegítimos— el cargo más alto de la Universidad, utilizando un lenguaje que trivializa tanto la protección de los derechos humanos como la legalidad, al convertirlos en herramientas retóricas para conservar el poder. En las circunstancias presentes, es urgente reencauzar el debate hacia uno de los asuntos que verdaderamente importan: la calidad, la legalidad y la legitimidad de la gestión.
Y en este punto no pueden quedar dudas: la actual administración ha mostrado baja competencia institucional, pobreza de logros sustantivos y una gestión carente de visión estratégica. La comunidad universitaria ha sido testigo de una conducción pasiva, opaca, sin diálogo ni rumbo definido, a la que ahora se suma la transgresión de la legalidad y un preocupante sesgo autoritario. No es únicamente la edad del Rector lo que impide su continuidad: es su desempeño. No es solo la ley la que lo inhabilita: es, sobre todo, su trayectoria como Rector y la falta de respaldo de la comunidad, aunque algunos intenten habilitarlo mediante argucias jurídicas.
Insistir en que las expresiones de rechazo abierto a que el actual Rector continúe ocupando el edificio ‘A’ de Lomas del Estadio constituyen edadismo —o discriminación por edad— es una forma de desviar y silenciar el debate público. Ninguna deficiencia de gestión se transforma en virtud por haber sido cometida a una edad avanzada, y ninguna comunidad democrática debe aceptar que la legalidad se interprete a conveniencia de intereses personales o de grupo. Lo que está en juego no es solo una biografía ni un capricho de permanencia: es la credibilidad del proceso sucesorio, la salud institucional de la Universidad y su capacidad de regeneración interna, mediante el ejercicio pleno de su autonomía.
En este contexto, no basta con señalar el marco legal transgredido. Es fundamental reiterar la exigencia de la comunidad a la Junta de Gobierno: su función no es adaptarse a las circunstancias ni legitimar atajos institucionales, sino garantizar el cumplimiento de la legalidad y actuar con responsabilidad ante la comunidad universitaria. Si no lo hacen, deberán asumir las consecuencias de haber roto el pacto de confianza con la Universidad a la que dicen servir.
Para cerrar, es pertinente subrayar algo elemental: una prórroga cuestionable no puede encubrir una gestión insostenible. La voz la tiene ahora la comunidad, y el voto —que está obligado a recoger esa voz— lo tienen los integrantes de la Junta de Gobierno.
