El primer año de Claudia Sheinbaum en la presidencia ha estado marcado por la continuidad de un modelo que reivindica al Estado de bienestar y, al mismo tiempo, por la constatación de que los viejos axiomas neoliberales nunca tuvieron vigencia. Lejos de ser un informe más, los datos y gestos de este periodo se inscriben en un proyecto que reconfigura la relación entre Estado, sociedad y mercado.
Los resultados exhibidos hasta ahora son significativos. En materia de seguridad una reducción del 25 por ciento en homicidios de alto impacto; en salud, la inauguración de 31 hospitales, el equipamiento de 300 quirófanos y una cobertura de medicamentos superior al 90 por ciento. A ello se suma un crecimiento económico del 1.2 por ciento en un contexto mundial adverso, récord en inversión extranjera directa y una política salarial que sigue elevando el ingreso mínimo. Programas de vivienda prometen abatir el rezago histórico y las cifras oficiales sostienen que más de 13 millones de personas han dejado la pobreza gracias a transferencias sociales y empleo formal. La reforma judicial, con la elección popular de jueces y magistrados, marca un cambio inédito en la vida institucional.
Pero más allá de las cifras, lo relevante es la concepción que las articula. La presentación en la mañanera de mujeres indígenas hablando en sus lenguas y la traducción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres a 35 idiomas originarios expresan un giro político: el Estado reconoce que los derechos no se limitan al español ni a las élites urbanas. Es un gesto que sintetiza la narrativa de la 4T: la política no es sólo gestión económica, es inclusión cultural y dignidad social. El énfasis en las mujeres indígenas revela contundente que el bienestar no se mide únicamente en indicadores macroeconómicos, sino en la capacidad de reconocer y proteger a quienes históricamente han sido invisibilizadas.
Con ello se dibuja una ruptura con el neoliberalismo, que redujo al Estado a árbitro del mercado y convirtió la disciplina fiscal en dogma absoluto. Durante décadas se repitió que la prosperidad llegaría con privatizaciones y desregulación. Ese credo ya no explica la realidad mexicana. No lo hizo nunca. Hoy, el crecimiento se apoya en inversión pública, políticas salariales activas, infraestructura regional y programas universales. Lo que en los noventa fue palabra sagrada —ajuste, apertura indiscriminada, subordinación financiera— se revela agotado e incapaz de dar respuestas a la pobreza, la desigualdad y la violencia.
Los críticos advierten que buena parte de los logros descansan en inercias heredadas, que la percepción de inseguridad sigue siendo alta y que las finanzas públicas podrían resentir el costo de una política social expansiva. Es cierto: la viabilidad del proyecto dependerá de sostener la ruta del bienestar sin abrir vulnerabilidades fiscales. Pero la discusión de fondo ya cambió: no se debate si el neoliberalismo debe continuar, sino cómo construir un modelo alternativo que sea sostenible y democrático.
El nuevo Estado de bienestar mexicano en construcción no es copia del europeo, ni del viejo Estado de bienestar postrevolucionario donde hubo reparto de la riqueza pero harta corrupción y autoritarismo, sino una versión nueva: transferencias universales, expansión de la salud pública, impulso a la educación y reconocimiento de derechos culturales y de género y nula tolerancia a la corrupción. Esta mezcla abre la posibilidad de un contrato social renovado. El primer año de Sheinbaum demuestra que la apuesta no es solo cuantitativa, sino cualitativa: hacer del Estado un garante de justicia y no un gestor pasivo del mercado.
La mañanera dedicada a las mujeres indígenas lo ilustra con claridad. No fue un acto simbólico vacío, sino un recordatorio de que la política también se mide en quién tiene voz y en qué lengua se reconoce. Es un mensaje pedagógico: México es plural y ese pluralismo debe reflejarse en la vida pública.
En un contexto global de crisis del neoliberalismo, México intenta mostrar que la redistribución y la inclusión no son nostalgias, sino caminos viables hacia un futuro más justo. Por lo pronto, el hecho es que los dogmas que marcaron casi 4 décadas ya no definen la agenda. La justicia social, la equidad de género y la diversidad cultural serán ejes de desarrollo en el siglo XXI.
