Representantes del gremio taxista en Veracruz señalaron que plataformas como Uber e InDrive no cuentan con sustento legal para operar en la entidad mientras no se reforme el marco jurídico estatal en materia de transporte.
El posicionamiento surgió luego de que la gobernadora Rocío Nahle García planteó la posibilidad de permitir la operación de estas aplicaciones, tras el inicio de una mesa de diálogo con conductores que se manifestaron contra los operativos para retirar vehículos particulares que prestan este servicio.
La mandataria estatal indicó que “hay espacio para todos”, aunque precisó que cualquier decisión dependerá del ordenamiento del transporte en Veracruz.
El presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz, Pedro Fernández Fernández, afirmó que el proceso de regularización del transporte público debe incluir el análisis del servicio que actualmente ofrecen las plataformas digitales mediante vehículos particulares.
“Quedan en el escritorio varias cosas, porque hablando de la regularización del transporte es importante que se preste atención al trabajo desleal que se está haciendo por medio de las plataformas de servicio público con unidades particulares”.
Fernández Fernández sostuvo que la legislación vigente no permite la prestación del servicio de transporte de pasajeros bajo ese esquema. “Hasta el momento, la Ley 589, el reglamento y el Código Penal prohíben que se dé este servicio”.
El dirigente reconoció que la regulación de plataformas digitales también involucra disposiciones federales; sin embargo, indicó que las mesas de trabajo no han derivado en modificaciones legales para el caso de Veracruz.
“Es cierto que es una decisión de la Federación, pero hasta este momento en las mesas de trabajo no se ha aterrizado y hasta este momento a nosotros nos asiste la razón y el derecho, porque es un trabajo desleal”.
El representante de los transportistas insistió en que la operación de Uber e InDrive debe incluirse en el proceso de regularización del transporte público impulsado por el gobierno del estado, al considerar que los vehículos particulares prestan el servicio en condiciones distintas a las establecidas para los concesionarios de taxi.
El debate continuará en las mesas de diálogo entre autoridades estatales, conductores de plataformas y representantes del transporte concesionado, mientras no exista una modificación al marco legal vigente en Veracruz.
