Flavia Morales / Mongabay Latam
Desde hace 40 años el ejido Viborillas-Ojo de Agua, ubicado en la sierra norte de Huayacocotla, Veracruz, aprovecha de forma sostenible su bosque. Y así lo avalan los reconocimientos que la comunidad ha obtenido: el Premio Nacional al Mérito Forestal, en 2016, y un certificado de cumplimiento de su Programa de Manejo Forestal, en 2019. Esos logros no han sido suficientes para combatir la lentitud de la burocracia. Desde hace siete meses, esta comunidad espera que las autoridades ambientales les renueven su programa de manejo forestal.
Juan Venancio Hernán, presidente del comisariado ejidal, explica que desde noviembre de 2021 presentaron los documentos para obtener la renovación de su quinto ciclo de corta para 600 hectáreas de uso forestal. En enero de 2022, funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les dieron un número de bitácora para dar seguimiento a su solicitud. Han pasado seis meses y la única respuesta que tienen es que su trámite está en evaluación.
“Nos preocupa, porque tenemos 200 jefes de familia y más de mil personas del ejido que dependen de la economía que genera el bosque y la única respuesta que recibimos es que esperemos. No podemos. No hay de dónde comer, porque nuestra entrada (económica) es nuestro bosque”, explica el comisario ejidal.
Miguel Hernández, presidente de la Asociación de Silvicultores de Huayacocotla, asegura que el 80% del municipio ubicado al norte de Veracruz tiene vocación forestal; en la región se aprovechan más de 35 mil hectáreas de bosque. En los últimos meses, en esa zona han quedado en espera al menos 15 permisos.
Estos retrasos en la aprobación de trámites forestales que vive el ejido de Viborillas y otros ubicados en el municipio de Huayacocotla, en Veracruz, también se padecen en varias regiones de México.
Desde 2020, año en que la pandemia de covid-19 interrumpió muchas actividades y la atención en las dependencias, lograr una autorización para aprovechar en forma sostenible un bosque puede convertirse en un viacrucis de trámites que, de acuerdo con testimonios de ejidatarios y comuneros y respuestas a solicitudes de información, puede durar de seis meses a un año.
