La magistrada de la Sala Transitoria en Materia de Trabajo del Poder Judicial de Veracruz, Itzel Castro Castillo, afirmó que es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), vigilar que los patrones cumplan con el pago del salario mínimo vigente desde el 1° de enero.
“Eso es una violación. Tenemos un salario mínimo establecido que es digno y que apenas está acorde con las necesidades que tenemos como trabajadores. La Secretaría del Trabajo debe contar con áreas de inspección para atender estas situaciones, incluso aquellas relacionadas con la seguridad social y las condiciones de la clase trabajadora”, expresó.
Cabe recordar que partir del 1° de enero de este año el salario mínimo en Veracruz es de 315.04 pesos diarios, lo que equivale a 9 mil 582 pesos mensuales, ingreso que debe representar el mínimo que perciba la clase trabajadora.
En ese tenor, la magistrada precisó que cuando las empresas incumplen con dicho pago, la Secretaría del Trabajo debe imponer sanciones económicas y obligar a los empleadores a garantizar todas las prestaciones sociales que marca la ley.
En otro orden de ideas, cuestionada sobre la reforma para laborar 40 horas a la semana, comentó que se trata de una medida novedosa en el sector privado. Sin embargo, en el ámbito gubernamental ya se aplica, pues los burócratas trabajan generalmente de lunes a viernes.
Mencionó que la iniciativa permitiría evitar tiempos muertos y jornadas extenuantes, además de incentivar una mayor productividad al ofrecer a los trabajadores dos días de descanso a la semana o una reducción en su estancia laboral.
Sin embargo, planteó que también existe el riesgo de que con jornadas más cortas algunas personas opten por tener dos empleos, lo que en la práctica implicaría cumplir una jornada completa o incluso mayor, lo que sería contrario al espíritu de la reforma. “Con la posibilidad de que estés en una jornada matutina, busques, por decirlo de una manera coloquial, una chamba por la tarde, y entonces ya seas esclavo de tiempo completo”, concluyó.
Insiste IP en pedir facilidades fiscales para cumplir con reforma
Para el sector empresarial resulta complejo el aumento de 13 por ciento al salario mínimo, ya que no existen las bases necesarias para aumentar la productividad, así lo consideró el empresario, Carlos Luna Gómez.
Afirmó que actualmente no hay condiciones de inversión, situación que ha sido evidente desde el ámbito empresarial.
Y es que uno de los principales factores de preocupación es que datos del Inegi confirmaron que durante el cuarto trimestre de 2025 se incrementó la informalidad, lo que refleja que personas y negocios que operaban de manera formal están optando por dejar de pagar impuestos y seguridad social. “Ahí es donde hay que empezar a contrastar los números, para ver cómo está pegando este tema del ahorcamiento del sector productivo, a través de la carga fiscal y de los incrementos”, expresó.
Ante este escenario, dijo, se requieren mayores facilidades para acreditar impuestos, de manera que los incrementos salariales no recaigan totalmente sobre las empresas, particularmente sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.
Consideró que se necesitan mayores incentivos para la generación de empleo, ya que de lo contrario los costos adicionales terminan trasladándose al consumidor final, quien es el que enfrenta los aumentos en bienes y servicios.
Aclaró que la mayoría de las empresas del país son mipymes con plantillas de entre uno y diez trabajadores, muchas de ellas negocios familiares, que difícilmente cuentan con una estructura corporativa que les permita absorber incrementos salariales y fiscales de manera puntual.
“Todo esto, sin lugar a dudas, se traslada al usuario, porque las pequeñas empresas no tienen la capacidad financiera para asumir estos aumentos sin afectar sus precios o su operación”, afirmó. Precisó que los incrementos al salario mínimo pueden presionar al sector productivo y fomentar el crecimiento de la informalidad, en lugar de fortalecer el empleo formal.
