En Veracruz, la tala ilegal avanza con altos niveles de impunidad: entre 2018 y 2025, sólo una de cada 129 denuncias interpuestas derivó en una sanción, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia.
En ese periodo, las autoridades estatales desplegaron únicamente 22 elementos en operativos conjuntos contra la deforestación ilegal. Estas acciones derivaron en la detención de 103 personas y el aseguramiento de más de 35 mil metros cúbicos de maderas preciosas.
Los municipios de Perote, Emiliano Zapata y Acajete concentran las principales intervenciones de las autoridades, al ser zonas con alta incidencia de tala clandestina. Entre el primero de enero de 2021 y el 15 de octubre de 2024, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró más de 35 mil metros cúbicos de madera durante operativos contra la tala ilegal en el estado de Veracruz.
De acuerdo con información oficial, el aseguramiento total asciende a 35 mil 99.1326
metros cúbicos de madera, además de 30 mil 816 metros cuadrados, 488 kilos y mil 838 piezas, como resultado de acciones ejecutadas por la SSP en distintos puntos del estado.
Los decomisos incluyeron madera en diversas presentaciones: 60 durmientes, 98 troncos, 52 trozos, 7 vigas, 130 tablones, 340 tablas y 30 costales, correspondientes a distintas especies forestales. Entre las especies aseguradas se encuentran cedro, cedro rojo, encino, pino, ciprés, aile, bambú, molina y nacaztle, así como madera no especificada y productos forestales procesados.
La senadora Susana Harp advirtió que los grupos dedicados a esta actividad operan de manera violenta, utilizando armas de fuego para apropiarse de terrenos forestales. Además de la extracción de madera, buscan establecer plantíos ilícitos, aserraderos clandestinos o bases de operación.
La madera obtenida de forma ilegal se comercializa tanto en mercados locales como mediante esquemas de “lavado” que incluyen el uso de documentación oficial falsa, lo que produce competencia desleal y afecta a productores legales. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) estima que hasta 70 por ciento de la madera comercializada entre 2013 y 2018 tuvo origen clandestino.
La deforestación ilegal tiene efectos sociales y ambientales. En regiones con altos niveles de pobreza, estas redes criminales se convierten en una fuente de empleo para comunidades vulnerables, creando economías paralelas bajo control armado. En el ámbito ambiental, Veracruz perdió 17 por ciento de su cobertura forestal entre 2001 y 2023, según datos de Global Forest Watch.
