Orizaba, Ver.- Marea Verde, Altas Montañas ha denunciado que en el estado, “aún persisten obstáculos en el acceso al derecho al aborto”. La representante de la agrupación, Luz María Reyes Huerta, ha expresado su preocupación ante las recientes declaraciones de autoridades sobre la posibilidad de levantar la Alerta de Género por Agravio Comparado en el estado.
Según la activista, estas afirmaciones “no reflejan la realidad que enfrentan las mujeres al intentar ejercer su derecho a interrumpir el embarazo de manera legal y segura, ya que aún persisten múltiples obstáculos que vulneran sus derechos”.
Las principales barreras, dice, “para el acceso al aborto legal en el estado incluyen la falta de medicamentos, horarios restringidos para la atención en los módulos correspondientes, y la desinformación generalizada sobre el proceso”.
Una de las principales quejas radica en las limitaciones del servicio en los hospitales de salud pública. Según la información recabada por el colectivo, el módulo de atención para la interrupción legal del embarazo (ILE) sólo funciona lunes, miércoles y viernes, complicando el acceso.
“Si una mujer baja desde su comunidad (serrana) en un día en que no hay atención, tiene que regresar en otra ocasión, lo que implica costos económicos y desgaste físico y emocional. No todas tienen los recursos para hacerlo”, señaló Reyes Huerta.
Además, enfatizó que no está garantizada la empatía ni la adecuada formación del personal.
En varias ocasiones, han recibido reportes de mujeres que fueron re victimizadas o incluso se les negó el servicio, lo que evidencia deficiencias en la capacitación y sensibilización del personal del sector salud.
Otra de las problemáticas señaladas es la desinformación. Según datos del colectivo, el 80 por ciento de las mujeres que buscan orientación sobre cómo realizar un aborto desconocen el procedimiento, los documentos necesarios o los lugares donde pueden recibir atención.
“No hay información visible en las clínicas del sector salud que indique que interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas es un derecho. Tampoco se explica qué documentos deben presentar ni qué ruta seguir. Esta falta de claridad deja a las mujeres en un estado de incertidumbre y desprotección”, explicó Reyes Huerta.
Este vacío informativo también contribuye a perpetuar mitos y estigmas en torno al aborto.
Declaraciones fuera de contexto
Las declaraciones sobre el levantamiento de la Alerta de Género por Agravio Comparado resultan, según las activistas, irresponsables y alejadas de la realidad. La alerta fue emitida en 2016 debido a la falta de acceso a servicios de salud reproductiva y al alto índice de violencia contra las mujeres en Veracruz. Aunque ha habido avances legales, como la despenalización del aborto en 2021, los retos en la implementación de políticas públicas siguen siendo significativos.
“Nos sorprende que se hable de levantar la alerta cuando aún hay tantas anomalías en el sistema.
Desde la falta de medicamentos hasta la desinformación y los horarios limitados, la atención no está garantizada para todas las mujeres. Las autoridades no están viendo la realidad que vivimos las veracruzanas”, explicó Reyes Huerta.
Asimismo, se hizo un llamado a las autoridades para que revisen a fondo las condiciones actuales y garanticen el pleno acceso al derecho al aborto en Veracruz.
Entre sus demandas se encuentran:
Ampliar los horarios de atención en los módulos; garantizar el abastecimiento de medicamentos necesarios para los procedimientos; capacitar al personal médico y administrativo para brindar atención integral y sin prejuicios; difundir información clara y accesible sobre los derechos reproductivos de las mujeres en todas las unidades de salud.
La situación en Veracruz refleja una contradicción entre los avances legales y las condiciones reales de acceso. Para las activistas, garantizar el derecho a decidir no sólo requiere cambios en las leyes, sino una implementación efectiva que responda a las necesidades de las mujeres, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
