La desaparición forzada es un tema pendiente en la agenda de justicia de Veracruz, hay varios casos que siguen con los procesos abiertos, donde se observa que los policías del estado fueron usados en operativos ocultos cuyo fin aun no tenemos claro.
Este miércoles fueron detenidos en El Lencero 11 elementos de la Fuerza Civil que presuntamente estuvieron involucrados en el delito de desaparición forzada de 31 personas, en varios operativos realizados en mayo del 2015.
Por supuesto que esto es escandaloso por tratarse de funcionarios públicos que debían proteger a la sociedad y sobre todo respetar la ley. Es la confirmación, que al menos durante el sexenio de Javier Duarte, hubo una serie de violaciones a los derechos humanos.
Más allá de la presencia de la delincuencia organizada, la cual es muy evidente en el clima de inseguridad que padecemos, el hecho de que policías del estado hayan levantado o sacado de sus hogares a 31 personas, sin motivo u órdenes de aprehensión, nos debe poner a pensar en manos de quienes está la seguridad del estado.
La Fuerza Civil se nos vendió como una “corporación de élite”, en palabras del entonces gobernador Javier Duarte. En el año 2014, representaba un cambio en el “modelo policial”, el cual iba a tener unidades de inteligencia para prevenir los delitos.
Un año después, Javier Duarte anunció de manera pomposa el gran operativo “Blindaje” en el Sur de Veracruz, supuestamente para disminuir los niveles de inseguridad en Coatzacoalcos, donde casi de manera diaria se estaban presentando secuestros, extorsiones y robos en los complejos petroquímicos.
El Operativo inició con un desfile de elementos de la Fuerza Civil por las principales calles de la ciudad, se invitaron a los líderes empresariales y sociales para “mostrar el músculo”. Durante varios días establecieron retenes y se realizaron operativos en varias colonias, donde hubo detenciones de presuntos delincuentes que luego salieron libres.
Es en este tiempo donde se dan las desapariciones de 31 personas, algunos en retenes otros sacados de su casa, desde el primer día los familiares de las víctimas denunciaron que fueron elementos de la Fuerza Civil y policías estatales quienes participaron en estas desapariciones.
Siete años después, estas familias tienen un pequeño avance hacia la justicia y la memoria de estas víctimas, con la detención de estos 11 policías, aunque señalan que faltan otros 14 más.
México como otros países de América, firmaron en 1994 la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, conocida comúnmente como convención Belém Do Pará, donde se comprometen a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.
En esta convención se establece que los países firmantes, deben sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión de este.
Esto es, en el caso de que se logre probar que estos policías sí cometieron este delito, deberán además llamar a cuentas a mandos y funcionarios de los niveles superiores que tuvieron conocimiento de la desaparición forzada, pero que decidieron protegerlos y la cadena de mando puede llegar hasta Javier Duarte.
En el caso de que los policías o cualquier funcionario de seguridad que sea detenido por este caso, alegue como defensa la obediencia de una orden o instrucciones superiores, no se le exime de su responsabilidad legal.
Además este delito de desaparición forzada es considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.
En México, los casos de desaparición forzada no son nuevos; uno de los más sonados fue el de Rosendo Radilla, ocurrida en 1974 durante la llamada Guerra Sucia, militares lo detuvieron y lo llevaron al cuartel de Atoyac, Guerrero, por el delito de componer corridos sobre Lucio Cabañas y el partido de los pobres.
Por este caso, el 15 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de este activista social, en la sentencia se le exigió se legislara sobre este delito, lo cual si se cumplió, pero aún se mantiene la limitación de la jurisdicción militar en otros casos abiertos.
La detención de los policías no solo salpica a la Secretaría de Seguridad Pública, sino también a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, pues de acuerdo a las resoluciones de este mismo caso, Radilla Pacheco vs México, cuando hayan motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se debe iniciar una investigación, sin dilación, de manera seria, imparcial y efectiva, lo cual no ocurrió con las denuncias de las 31 personas desaparecidas, pues hasta seis años después estamos viendo las primeras detenciones.
Tanto la Fiscalía como los Jueces que lleven el proceso tendrán una gran responsabilidad pues se les tiene que aclarar a los familiares de las víctimas y a la propia sociedad porteña qué pasó en estos operativos.
