Orizaba, Ver.- Personal del Tribunal Estatal de Conciliación del Poder Judicial advirtió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla que si no cumple con el arresto de los ediles del ayuntamiento de Atzacan, (alcalde, síndica y regidora) será objeto de una sanción por 15 UMA.
Y es que desde 2023, los jueces han ordenado a la SSP dar cumplimiento a la detención del alcalde de Atzacan, Mario Alberto Vargas Amador; la síndica Carmen Alducín Hernández y la regidora Éricka Marcelino Hernández, pero la dependencia ha desobedecido esa orden hasta ahora bajo el argumento de la no localización de los servidores públicos.
“Haciéndole saber al titular de Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que deberá realizar todas las acciones efectivas necesarias que estén a su disposición para dar cumplimiento a la presente determinación y en caso de no localizar a los ediles en su oficina de despacho, deberá implementar la investigación correspondiente para localizarlos, por lo que su búsqueda no se debe limitar en ningún momento al domicilio del ayuntamiento para cumplir con lo ordenado por este Tribunal, toda vez que aún no ha dado cabal cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional”.
Cabe mencionar que el 13 de agosto, el Tribunal de Conciliación del Poder Judicial notificó al ayuntamiento de Atzacan que tendrá que pagar la cantidad de 100 UMA como multa por haber desobedecido una orden judicial que exigía la restitución de 10 trabajadores despedidos injustamente.
Aunque la cantidad en pesos equivale a 10 mil 857, cada uno de los ediles, es decir, alcalde, síndica y regidora tendrán que pagarlo de su dinero, no de las arcas municipales.
Y es que el cabildo desacató el mandato con base en la resolución del expediente 392/2014-IV que estipulaba reinstalar a 10 trabajadores que habían sido despedidos en 2014.
En 2023, los exempleados ganaron el juicio de su reinstalación luego de que determinara la autoridad laboral que se trataba de un despido injustificado y tocaba al alcalde Mario Alberto Vargas Amador reinstalar a ese personal y pagar los salarios caídos; sin embargo, no hubo respuesta.
Debido a la negativa del alcalde perredista, el Tribunal de Conciliación recurrió al Poder Judicial giró dos órdenes de arresto para los integrantes del cabildo, que no cumplió la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que dictará una orden de arresto más, en cinco días a partir de la fecha de resolución.
La multa de 10 mil 857 pesos tendrá que ser pagada a los tres días hábiles de la notificación por el alcalde Mario Alberto Vargas Amador; la síndica, Carmen Alducín Hernández, y la regidora, Éricka Marcelino Hernández.
