La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) rescindió la relación laboral con Gerardo Velásquez Maravert, secretario general del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (Simve), tras documentar inasistencias como docente en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen. La notificación oficial fue emitida el 29 de mayo de 2026.
Mediante el oficio C/OM/DRH/17429/2026 número 0053-2026-décimo tercero, la SEV le notificó formalmente el cese de funciones como trabajador de la dependencia.
De acuerdo con la dependencia, la medida se tomó tras documentar que abandonaba sus funciones como docente frente a grupo en la Normal Veracruzana sin dejar de percibir su salario mensual cercano a 50 mil pesos.
Cabe mencionar que antes de la rescisión laboral, ciudadanos presentaron denuncias contra el líder ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presunta venta de plazas para personal docente y administrativo.
Según los señalamientos, él les solicitaba dinero a cambio de la asignación de bases y adscripciones definitivas dentro del sistema educativo estatal. Por estos hechos, enfrenta un proceso penal derivado de al menos dos denuncias formales por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude genérico.
De acuerdo con los reportes, al conocer la posibilidad de perder su plaza laboral por las inasistencias registradas, Velásquez Maravert convocó a extrabajadores del Programa Vasconcelos y a integrantes del Simve para tomar la sede de la SEV.
La movilización ocurrió en medio del procedimiento administrativo que concluyó con la rescisión de la relación laboral.
Además de las investigaciones relacionadas con la presunta venta de plazas, el líder sindical acumula también otras querellas presentadas ante la Fiscalía General del Estado.
Los expedientes incluyen señalamientos por presunta defraudación, abuso de confianza y acoso laboral, los cuales forman parte de los procesos que actualmente se encuentran en revisión por las autoridades.
La rescisión laboral notificada por la SEV se suma a los procedimientos penales y administrativos que enfrenta el dirigente sindical. Corresponderá a las autoridades educativas y ministeriales dar seguimiento a las investigaciones y determinar las responsabilidades que procedan conforme a la ley.
