Se cumplió un año de la desaparición de cinco ejidatarios originarios de la localidad Santa Rosa, municipio de Actopan. El pasado 15 de febrero de 2024 fueron vistos por última vez en la Fiscalía Regional de Veracruz: Jesús Cervantes Grajales, de 58 años; David Hernández Aguilar, de 64; Rafael Montiel Cervantes, de 56; su hermano José Juan Montiel, de 49 años, y Lorenzo Ortiz Báez, de 41 años.
Las familias de las víctimas reclamaron al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez que informe sobre el paradero de los cinco hombres desaparecidos, debido a que el 27 de febrero de 2024, el exmandatario declaró en una conferencia de prensa que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga si los cinco campesinos reportados como desaparecidos del municipio de Actopan “se están escondiendo”, luego de abandonar una camioneta afuera de la Fiscalía de Playa Linda en Veracruz.
Al respecto, las familias dijeron a García Jiménez: “Que nos diga a dónde están escondidos. Las familias estamos desbaratadas, no tenemos ni pista, ni ayuda para encontrarlos. Estamos desconsolados, no sabemos nada de su paradero. Las familias seguimos en búsqueda, pero nada, no hay pistas, no hay rastros de ellos”.
En los últimos 12 meses, las vidas de las cinco familias cambiaron. En el caso de los hombres, relatan que su contacto con la tierra siempre fue para sembrar caña de azúcar, y ahora, al buscar a sus seres queridos, sus manos se hunden en el suelo, tal y como lo hacen los padres y madres que buscan a sus hijos desaparecidos.
“Nosotros andamos buscando a mi papá, otros también buscan a su papá. Aquí el problema no nada más fue que los desaparecieron, sino que las mujeres dependían económicamente de sus esposos, y ahora ellas se quedaron sin el jefe de la familia. Ahora ellas andan vendiendo antojitos, la servilleta bordada para mantenerse”, informaron.
Una de las hijas de los desaparecidos explicó que se mantienen unidos como familias para continuar la búsqueda, y creen que si no los han encontrado es porque la FGE, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, se negó a cumplir con su trabajo de investigar.
Incluso, tienen la sospecha de que las autoridades de la FGE pusieron obstáculos para que las familias no conocieran la verdad de lo que ocurrió ese lunes 15 de febrero en la Fiscalía Regional de Veracruz.
Acusaron que la FGE no ha dado informes sobre la camioneta propiedad de las víctimas que enviaron a un corralón de la ciudad de Veracruz. “Nosotros llegamos a la conclusión de que la Fiscalía se vendió, porque al no querer darnos lo que se ve en las cámaras es porque no quiere decirnos. Una de las camionetas de nuestros familiares se quedó en la Fiscalía, a los dos días la movieron y ahora sabrá Dios dónde está. Creemos que en un corralón, pero no nos han dado avances de la investigación. No sabemos si hay peritaje de la camioneta, nada se sabe”, acusaron.
Además, agregaron que hay otro vehículo en el que supuestamente desaparecieron Jesús, David, Rafael, José Juan y Lorenzo hace un año, y tampoco se sabe qué ocurrió con él. “A ellos se los llevaron en una camioneta. Esa camioneta era de uno de nuestros desaparecidos, creemos que ahí se los llevaron, pero esa camioneta tampoco aparece, es la de David Hernández y no aparece”, indicaron.
Finalmente, el 16 de febrero de 2025, los familiares lamentaron no haberse enterado de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo el viernes en el municipio de Emiliano Zapata, para que ellos pudieran ir a manifestarse y hacerle saber que la FGE no atiende a las cinco familias de personas desaparecidas en una de sus instalaciones en Veracruz.
“Queremos encontrarlos con vida, pero ya ha pasado un año y no tenemos respuestas. Nos arrebataron la cabeza de la familia, todos ellos eran los que mantenían sus casas, y las tierras, nadie puede entrar. Ahí están las tierras cerradas, ahora nadie las puede ocupar”, finalizaron.
Historia de un conflicto
En febrero de 2024, las familias contaron a AVC Noticias que desde 1980, un grupo de 48 campesinos, entre ellos los cinco desaparecidos, trabaja la siembra de caña en el predio Jareros, ubicado entre los municipios de Úrsulo Galván y Actopan, que tiene una extensión superior a las 100 hectáreas.
Sin embargo, desde 2007, el Comité Directivo Particular Agrario de la Ampliación del Ejido General Pinzón, conformado por Mario Méndez Hernández (presidente); Salvador Gómez Márquez (secretario); Eliezer Márquez Gómez (vocal finado), y actualmente comandado por Nelson Márquez Grajales e Ignacio Izquierdo Hernández, han intentado despojarles de las 100 hectáreas, pero no lo han logrado.
Los familiares informaron que Nelson Márquez Grajales no ha podido quitarles las tierras porque el Tribunal Agrario del 31 Distrito de Xalapa se las otorgó.
El interés de Nelson Márquez Grajales por la posesión de las tierras se debe a que en los terrenos existe un yacimiento de agua, en el cual se construyó un pozo.
La desaparición
Hace un año, los familiares de los cinco desaparecidos informaron que la última vez que recibieron mensajes de los cinco campesinos fue a las 12:00 horas del jueves, y después no supieron nada más de ellos.
El viernes 16 de febrero se dirigieron a la Fiscalía de Playa Linda y allí les informaron que los hombres habían acudido a otras oficinas, ya que no había información disponible.
Por temor a que se quedaran detenidos, los familiares, con el apoyo de abogados, promovieron amparos y continuaron la búsqueda en hospitales y en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, pero no hubo indicios de su paradero.
Nelson Márquez no se presentó a la audiencia
En entrevista con las víctimas, refirieron que el jueves 22 de febrero de 2024, Nelson Márquez debió presentarse a una audiencia ante la Fiscalía de Playa Linda como parte del seguimiento de la investigación por el pleito por las tierras, pero no se presentó.
Desde el viernes 16 de febrero de 2024, las familias exigieron a la FGE que muestre las videograbaciones de las cámaras para conocer si los cinco desaparecidos entraron o salieron del edificio de Playa Linda, pero se niegan. “Si no ocultan nada, ¿por qué no muestran lo que hay en las cámaras? Hemos puesto dos denuncias para que nos hagan llegar las cámaras y nos dicen que no, que el llamado debe venir de México. Es un derecho que nos corresponde”.
Las familias consideran que los cinco desaparecidos fueron detenidos por la FGE, ya que incluso uno de los vehículos que utilizaron para dirigirse a Veracruz fue encontrado en las inmediaciones del edificio de Playa Linda.
