La Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (Semsys) se convirtió en agencia de colocaciones para exservidores públicos del extinto Instituto Veracruzana de Acción a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
Y en que desde la asunción de David Agustín Jiménez Rojas se han obsequiado contrataciones de personas que presuntamente no cumplen con los requisitos establecidos para dichos cargos, con salarios sumamente elevados y sin justificar la necesidad de algunos puestos creados en la actual gestión administrativa.
Tal es el caso de José Ángel Noriega Guerrero, quien fue contratado como “asesor educativo” y con una percepción de 37 mil 500 pesos mensuales, en adición a su plaza administrativa preexistente, con lo que ganaría casi lo mismo que un director y más que un subdirector de un nivel educativo.
En situación similar se encuentra María Antonia Villalba Velasco, quien inicialmente fue propuesta como analista administrativa y rechazada por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, posteriormente fue incorporada como “consultora académica” con un salario de 30 mil 200 pesos pese a las observaciones previas.
La contratación de Gustavo Adolfo Murrieta Esquivel resulta especialmente controvertida, ya que –según la denuncia– tiene una carpeta de investigación por presunto acoso y también por el uso irregular de recursos.
Uno de los señalamientos más graves se refiere al manejo de recursos materiales, se acusa al funcionario de solicitar de manera irregular un vehículo Nissan Versa 2024 al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev) bajo la figura de “comodato” para uso personal, sin que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) tuviera conocimiento de dicha operación.
De igual manera, se denuncia el incumplimiento del reglamento interior de la SEV en el manejo de viáticos, pagos y recursos, así como opacidad y falta de transparencia.
Se han presentado solicitudes de información ante la Unidad de Transparencia con folios SEV/UT/1944/2025 y SEV/UT/1946/2025, las cuales no han sido respondidas desde mediados de septiembre, lo que evidenciaría una falta de rendición de cuentas.
Asimismo, se cuestiona la incorporación de personal proveniente del extinto Instituto Veracruzano de Acceso a la Información sin una justificación clara o proceso transparente.
En la denuncia se incluyen también serias críticas sobre el manejo de la crisis educativa en la zona norte del estado, particularmente en Poza Rica, y acusan al subsecretario de politizar la situación con acciones mediáticas sin resultados concretos, de aliarse con la Subsecretaría de Educación Básica en contra de su superior jerárquico, de incumplir con la entrega de reportes para el informe de gobierno y continuar despidiendo personal importante durante la emergencia.
Ante esta situación, los denunciantes hacen un llamado a la gobernadora de Veracruz para que intervenga ante esta situación, argumentando que la funcionaria confió plenamente en el subsecretario para “ordenar y coadyuvar a la mejora continua de la educación”, misión que, según esta versión, no se está cumpliendo.
La gravedad de las acusaciones, particularmente las relacionadas con el presunto tráfico de influencias y la utilización de conexiones políticas con autoridades municipales electas, añade urgencia a la necesidad de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes, se indicó por último.
