Agencias
El crimen se apropió de las redes de tratas de personas, de las trabajadoras sexuales y de los espacios dónde ejercen esta labor las mujeres cisgénero y transexuales; lo que motiva a creer que Yésica Anahí “N” es sólo “la punta del iceberg” de una organización dedicada a sustraer menores de edad y veracruzanas para trasladarlas a otros estados o países con el propósito de explotarlas sexualmente, señalaron integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.
El 3 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la detención e imputación de Yésica Anahí “N” como probable responsable del delito de trata de personas, con fines de explotación sexual de seis mujeres colombianas. El juez dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada por dos años en el proceso penal 1188/2024. Se informó que la mujer hizo su servicio social en el Centro Integral de Justicia para Mujeres (Cejum), que pertenece a la Secretaría de Gobierno.
Integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual refirieron que algunas desapariciones de mujeres y menores de edad en Veracruz y en el país son perpetradas por el crimen organizado para explotarlos sexualmente.
“El crimen organizado se adueñó de la red de trata de personas. Esas redes que existían ahora ellos las tienen, se roban a las mujeres, las ponen a trabajar sexualmente y las privan de la libertad. Es terrible lo que viven. Se las llevan con engaños a Puebla, a México, al norte del país; les ofrecen buenos sueldos. En Veracruz el crimen organizado se apropia de los lugares donde se ejerce el trabajo sexual y de las mujeres que trabajan”.
Los defensores de los derechos humanos aclararon que no todas las mujeres dedicadas al trabajo sexual en la vía pública o a través de redes sociales son obligadas por los delincuentes, sino que algunas lo ejercen cómo una alternativa laboral, principalmente las que son jefas de familia, en donde el padre de los hijos es irresponsable e incumple con otorgar una pensión alimenticia.
“Hay un porcentaje de mujeres que ejercen el trabajo sexual porque la situación económica de este país es grave, es fuerte la pobreza, no hay oportunidades laborales para las mujeres. (Además) los padres no se hacen cargo de sus hijos y son situaciones sociales que obliga a las mujeres a buscar una alternativa laboral. Tampoco es porque a ellas les guste mucho trabajar sexualmente, sino que su baja economía las obliga”.
La otra parte de la explotación sexual ejercida por el crimen organizado en Veracruz y en México es que se adueñaron de los espacios donde ellas laboraban de manera libre. Ahora para ofrecer sus servicios en las calles o en internet deben pagar derecho de piso. “Son obligadas a pagar mínimo 500 pesos por semana para dejarlas trabajar. Si no pagan están amenazadas a perder la vida” indicaron.
La Red Mexicana de Trabajo Sexual, presente en 22 estados refirió que el poder del crimen se ha extendido a tal grado que domina la forma de relacionarse de las trabajadoras sexuales con las asociaciones civiles encargadas de proveerles talleres para prevenir las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida.
“Antes podíamos regalarles condones, les dábamos talleres del uso correcto del condón, de sus derechos humanos, de dignificar su actividad, prevención de adicciones. Todo se vino abajo cuando el crimen organizado se apropió de todo. Las mujeres tienen prohibido hablar con nosotros. Hoy sólo les llevamos condones a las calles pero no hablan con nosotros. Ahí quién manda es el crimen organizado”.
Señalaron que Veracruz está en los primeros lugares donde se da el mayor número desaparecidos entre ellos mujeres y menores de edad a causa de la inacción de las autoridades para prevenir y proteger a este sector vulnerable de la población.
“Hay un problema grave de violencia contra las mujeres; Veracruz es de los estados que más violencia registra contra las mujeres, desaparición forzosa de mujeres y es para fines de explotación sexual. No dudamos que la entidad sea un centro de operación para traer mujeres de otros países, el crimen organizado opera”.
Por ello, exhortaron a la FGE y al Gobierno del Estado para que investiguen a fondo dado que Yessica Anahí “N” –detenida en el penal de Pacho Viejo, Coatepec– no actuó sola, sino que detrás de ella hay una red delincuencial que probablemente son protegidos por autoridades corruptas.
“Yésica que hace venir a las mujeres colombianas, ella es una operadora, es parte de una red de explotación de mujeres. Se debe investigar a profundidad. Es la punta del iceberg. El problema es que hay mucha más gente implicada. Hay que investigar si Yessica no fue obligada porque el crimen organizado las coacciona operar y cobrar las cuotas; estamos en una indefensión total”.
