Hoy es 10 de junio. La fecha no es un dato menor. Un día como hoy de 1971, en la Ciudad de México, los Halcones disolvieron a golpes y tiros de fusil una marcha estudiantil pacífica. No fue un exceso ni un error de cálculo. Fue una operación: grupos paramilitares organizados por el Estado, desplegados por orden del presidente Luis Echeverría. Tres años antes, el mismo Echeverría —entonces secretario de Gobernación de Díaz Ordaz— había orquestado la masacre de Tlatelolco, donde el Batallón Olimpia operó diez días antes de que México abriera los Juegos Olímpicos al mundo. En ambos casos: violencia de Estado, negación oficial, represión abierta. El destinatario era interno: los manifestantes primero, la sociedad después. Fue el mismo hombre operando el mismo instrumento desde dos posiciones distintas.
Entre ese México y este hay una revolución de por medio. La de las conciencias. No es sentido figurado: es el nombre de un proceso real que transformó la relación entre el Estado y la sociedad, que hizo del no a la represión una línea que este gobierno no cruza. Esa es la distancia entre el Batallón Olimpia y la mañanera del martes.
Hoy, cincuenta y cinco años después del 10 de junio, la lógica se ha invertido. Ya no es el Estado el que organiza grupos de choque para disolver una marcha pacífica. Son actores de la oposición los que buscan provocar al gobierno para que lo haga. El objetivo sigue siendo el mismo: la imagen. Lo que cambió es quién la produce.
Ricardo Salinas Pliego no es un disidente incómodo ni un empresario crítico con el gobierno. Es un poder fáctico que opera en tres registros simultáneos: el económico, el mediático y el político. Controla TV Azteca, Banco Azteca y Elektra, un conglomerado construido en parte sobre una deuda fiscal de décadas —más de 44 mil millones de pesos pendientes con el SAT tras 18 años de litigios y amparos para no pagar. Ha declarado su intención de buscar la presidencia en 2030 y se ha alineado con el ecosistema ultraconservador internacional: la Sociedad Mont Pelerin, el club que desde 1947 reúne a los arquitectos del neoliberalismo global; la CPAC (Conservative Political Action Conference), plataforma de coordinación de la ultraderecha en América; y Atlas Network, cuya dirección en América Latina ocupa su propio primo Roberto Salinas-León. Lleva años financiando y articulando la campaña que ha buscado desestabilizar primero al gobierno de López Obrador y ahora al de Sheinbaum. La convocatoria a la violencia del martes no es una ocurrencia. Es la escalada lógica de una estrategia que agotó sus instrumentos legales y mediáticos.
El martes, ante la periodista Adela Micha, lo dijo en voz alta: “Nada de manifestación de blanco y pacifismo. Vale madre. Ya lo hicieron y no sirve para nada. Tienes que ser más rudo.” La presidenta Sheinbaum exhibió ese fragmento en la mañanera sin comentario adicional. El mismo día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana había decomisado 45 artefactos explosivos a presuntos manifestantes que llegaban a la capital. En la autopista México-Cuernavaca, 59 explosivos más viajaban en un autobús de normalistas. La provocación no era una hipótesis. Era material incautado, contable, fotografiable. Los propios convocantes de la megamarcha del 11 lo pusieron por escrito: si aparece el bloque negro para ensuciar la marcha, el mundo lo va a ver. El movimiento social legítimo ya nombró al bloque negro como amenaza externa a su propia protesta.
El gobierno no puede seguir tratando a Salinas Pliego como un crítico ruidoso al que basta responder en conferencia de prensa. Un empresario que convoca públicamente a la violencia no está ejerciendo su libertad de expresión. Está incitando. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla la revocación de concesiones cuando el titular las usa para fines contrarios al orden público. El gobierno tiene esa herramienta. Hasta ahora ha mostrado una tolerancia excesiva frente a las acciones antinacionales de la derecha conspirativa, nacional e internacional. Es necesario ponerle un alto. La pregunta no es si existe el fundamento legal. Es si existe la voluntad política de usarlo.
El Batallón Olimpia reprimió. Los Halcones reprimieron. Este gobierno, no. Esa es la diferencia entre 1968 y 2026. Y hoy, el mundo la va a ver.
Otra cosa es que Salinas Pliego quede impune.
