Coatzacoalcos, Ver.- En todo el país, más de mil 700 jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) promovieron amparos contra la reforma al artículo 127 constitucional, luego de que sus pensiones fueran reducidas hasta en un 50 por ciento y se modificara su esquema de pago, ahora sin derecho a aguinaldo. Los afectados buscan revertir la medida por considerarla retroactiva y violatoria de derechos adquiridos.
El abogado Enrique Guerrero Aviña, del Centro de Defensa y Justicia Social XUMA, informó que presentaron mil 700 amparos debido a que los jubilados petroleros fueron reclasificados como trabajadores de confianza, lo que derivó en una disminución drástica de sus percepciones.
Explicó que muchos cuentan con sentencias laborales firmes que acreditan que eran trabajadores de base y no ocupaban puestos directivos, por lo que no debieron ser incluidos en el grupo de las llamadas pensiones doradas.
Guerrero Aviña señaló que la reducción se calculó tomando como referencia el salario neto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y no el monto total que percibe con prestaciones y compensaciones.
Esto provocó que el recorte fuera aún mayor y afectara de manera directa a los jubilados, muchos de ellos adultos mayores con enfermedades crónicas.
A esta situación se suma el cambio en el esquema de pago, que pasó de catorcena a quincena. Aunque en apariencia incrementó el monto recibido, en realidad implica una pérdida, ya que el nuevo formato elimina el derecho al aguinaldo, una prestación que históricamente formaba parte de su ingreso anual.
Los abogados de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp) mantienen también otros procesos en instancias laborales para exigir el incremento salarial correspondiente tanto para el personal activo como para los jubilados, conforme a lo autorizado en la revisión salarial del sindicato mayoritario.
Los jubilados esperan que los tribunales otorguen suspensiones y resuelvan de fondo los amparos para recuperar sus ingresos y prestaciones.
Pescadores exigen apoyos tras derrame de hidrocarburos
Pescadores libres de tres municipios del sur de Veracruz esperan que el gobierno federal los integre al programa de apoyo por las afectaciones generadas por el derrame de hidrocarburo registrado en el Golfo de México.
Más de mil pescadores de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan continúan gestionando su incorporación al padrón de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), con el fin de acceder a la compensación económica destinada a quienes resultaron perjudicados por el incidente ambiental.
Los pescadores explicaron que, aunque no pertenecen a cooperativas formalmente constituidas, por años han ejercido la pesca como una actividad esencial para la subsistencia de sus comunidades indígenas.
La captura de especies en las costas del sur no solo representa su principal fuente de alimento, sino también la base de su economía familiar y de su intercambio comercial dentro de la región. Por ello, consideran injusto quedar fuera del apoyo gubernamental, ya que el derrame afectó por igual a quienes dependen del mar para vivir.
Desde el recale de los grumos de hidrocarburo, la actividad pesquera se ha visto prácticamente detenida. La población del sur ha dejado de consumir producto local por temor a una posible contaminación, lo que ha generado un desplome en las ventas y ha dejado sin ingresos a cientos de familias.
Los pescadores señalan que, aun cuando algunos intentaron continuar con la captura, la desconfianza generalizada y la falta de condiciones seguras para trabajar los obligaron a suspender sus labores.
Albertano Martínez, pescador libre de Pajapan, explicó que muchos de ellos tomaron la decisión de no ingresar al mar hasta que las autoridades de salud realicen un diagnóstico claro sobre la calidad del agua y de los productos pesqueros.
Consideran indispensable contar con un dictamen oficial que determine si existe riesgo para la salud y si las especies marinas pueden ser comercializadas sin afectar a los consumidores.
Además de la compensación económica por los daños ocasionados, los pescadores están solicitando información precisa sobre el proceso de remediación ambiental. Quieren conocer qué acciones se están llevando a cabo, cuáles son los avances y en qué plazos se prevé la recuperación de las zonas afectadas.
Señalan que, hasta ahora, la comunicación ha sido limitada y que requieren certeza para planear el futuro de su actividad productiva.
Los pescadores libres insisten en que su exclusión del padrón no solo los deja sin apoyo inmediato, sino que profundiza la vulnerabilidad de comunidades que históricamente han enfrentado rezagos y falta de reconocimiento institucional.
Por ello, reiteraron su llamado al gobierno federal y estatal para que se les considere en igualdad de condiciones y se garantice que la ayuda llegue a todas las familias afectadas por el derrame.
