Río Blanco, Ver.– El expresidente municipal de Río Blanco, Ricardo Pérez, dejó un adeudo de 2.1 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que la empresa estatal amenazó con suspender el suministro eléctrico en la ciudad. Finalmente, se firmó un acuerdo para evitar la interrupción del servicio.
Entre los adeudos más apremiantes se encuentra el correspondiente a la CFE, organismo que notificó al ayuntamiento un ajuste de facturación derivado de fallas en la medición y errores administrativos durante el ejercicio 2025. Dicho ajuste asciende a más de 2.1 millones de pesos y corresponde al servicio de alumbrado público en el municipio.
Ante el riesgo inminente de una suspensión general del suministro eléctrico —escenario que habría generado un grave impacto social y la vulneración de un derecho humano fundamental— el Cabildo aprobó la celebración de un convenio de pago con la CFE. Este acuerdo permitirá liquidar el adeudo en 11 mensualidades, con un pago inicial del 25 por ciento, equivalente a aproximadamente 550 mil pesos.
El tesorero municipal, Marco Antonio Sánchez Cuatzitl, detalló que la situación financiera heredada es delicada y alarmante, ya que además del adeudo con la CFE, el municipio enfrenta pasivos por más de 313 mil pesos por consumo de agua ante la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV). Asimismo, persisten pagos pendientes de energía eléctrica correspondientes a 2025, con montos adicionales por 119 mil, 284 mil, 11 mil y 47 mil pesos.
A estas obligaciones se suma el incumplimiento en el pago de impuestos correspondientes al mes de diciembre, así como omisiones graves en el manejo de prestaciones sindicales y retenciones fiscales, a pesar de que el municipio recibió participaciones por más de cinco millones de pesos el pasado 31 de diciembre, recursos que no fueron destinados a sanear estos compromisos.
“El municipio opera prácticamente al límite. Nuestro esfuerzo está enfocado en evitar números rojos, garantizar el pago puntual de la nómina y mantener en funcionamiento servicios esenciales como alumbrado público, seguridad, limpia pública y atención ciudadana”, puntualizó el tesorero.
Por su parte, el alcalde José Antonio May González aseguró que no habrá encubrimientos y que las irregularidades detectadas serán denunciadas conforme a la ley. “Da coraje ver lo que se pudo haber hecho con ese dinero (…) Por eso he instruido al área jurídica para que se interpongan las denuncias correspondientes contra la administración pasada. No vamos a quedarnos callados”, afirmó.
Pese al complejo panorama financiero, la actual administración ya reporta avances concretos, como la adquisición de un camión compactador nuevo y motocicletas para fortalecer los servicios municipales, resultado de una política de austeridad, ahorro
