La temporada de lluvias está en puerta. No es un evento inesperado ni una contingencia extraordinaria: es un ciclo que se repite cada año y que, sin embargo, sigue encontrando al territorio en condiciones de vulnerabilidad. No por falta de información, sino por la forma en que esa información se usa –o no se usa– para gobernar. No es todavía temporada de huracanes. Es la fase previa, la de las lluvias regulares.
Y aun así, el riesgo ya está ahí. El dato es claro: más de la mitad de los municipios de Veracruz no cuentan con atlas de riesgo actualizados. No se trata de un detalle técnico ni de un rezago administrativo menor. Es la ausencia –o la inutilidad– del instrumento básico que permite saber dónde se inunda, dónde hay deslaves, qué zonas son habitables y cuáles no, y cómo debe reaccionarse cuando el agua llega. Sin ese mapa, lo que sigue no es incertidumbre: es repetición. Porque el problema no es la lluvia. El problema es que el Estado sabe dónde va a ocurrir el daño y no gobierna desde ahí.
El riesgo en Veracruz no es incierto. Es conocido. Lo que falla no es la información, es su conversión en decisión. Se prevé, pero no siempre se previene. Y en ese desplazamiento –entre saber y actuar– se acumula la vulnerabilidad que después aparece como desastre. Algo sale mal y se reacciona. Se despliegan operativos, se atiende a la población, se cuantifican daños. Pero ese ciclo no empieza con la lluvia: empieza antes, en la omisión. Cuando el ordenamiento urbano se relaja, cuando la actualización de instrumentos se pospone, cuando la responsabilidad se diluye entre niveles de gobierno.
Entonces, lo que debería evitarse se administra. Ahí es donde el fenómeno deja de ser natural. La lluvia es natural. La inundación recurrente en las mismas colonias no lo es. El deslave en zonas habitadas no lo es. La afectación reiterada a comunidades completas no responde a la sorpresa, sino a una forma de gestión que durante décadas ha privilegiado la reacción sobre la prevención. La discusión que se abre ahora no es menor.
Poner sobre la mesa la falta de atlas de riesgo no es sólo exhibir una carencia municipal. Es reconocer un problema estructural: la dificultad histórica para gobernar el territorio con base en evidencia. Durante años, el crecimiento urbano avanzó sin orden suficiente, la actualización de instrumentos se postergó y la responsabilidad se diluyó.
El resultado es un mapa conocido, pero no gobernado. En ese contexto, el énfasis reciente en la actualización de estos instrumentos apunta en la dirección correcta. No como trámite, sino como condición de gobierno. Porque un atlas de riesgo no previene por sí mismo: lo hace cuando se convierte en criterio obligatorio de decisión. Cuando define dónde se puede construir y dónde no, qué obras se priorizan, qué zonas se protegen y cuáles deben reubicarse.
La temporada de lluvias no pone a prueba a la naturaleza. Pone a prueba al Estado. Su capacidad no se mide en la respuesta al desastre, sino en la reducción de su recurrencia. Y ahí se establece la diferencia entre un gobierno que reacciona y uno que conduce. Veracruz no enfrenta un riesgo desconocido. Enfrenta un riesgo que ya se sabe dónde está. Lo que está en juego es si se va a actuar en consecuencia.
