La auditora general Delia González Cobos respondió las críticas ante el hecho de que el gobierno estatal fue observado en un monto mínimo (180 millones de pesos) en la cuenta pública 2021, en contraste con los ayuntamientos que deben aclarar el gasto de 3 mil millones de pesos.
La funcionaria del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) planteó que en el caso del Ejecutivo el manejo del dinero lo concentra la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que es muy estricta en la justificación del gasto público.
“En el gobierno del Estado es diferente, (el gasto) se centraliza. La Sefiplan es la que paga todos los compromisos (…) todo tiene que estar perfectamente justificado”, argumentó.
En cambio, en los municipios las autoridades municipales tienen en sus manos la operación del dinero y son los que hacen todos los pagos y transferencias, y entre más dinero se gasta aumenta el riesgo de que no existan los documentos para justificar el manejo de los recursos de la hacienda municipal.
Recientemente la diputada Nora Lagunes Jáuregui dijo que mueve a la sospecha que el gobierno estatal haya sido observado por un monto tan pequeño, menos de 200 millones, mientras los municipios deben justificar el gasto de 3 mil millones.
La panista ironizó en que se hace necesario que los secretarios de despacho expliquen cómo le hacen para tener un manejo tan impecable del dinero.
El 30 de septiembre se entregó a diputados locales el Informe de Seguimiento de la Cuenta Pública del 2021, la Comisión de Vigilancia está analizándolo y debe aprobarlo antes de que termine octubre.
Congreso inicia fiscalización en ayuntamiento de Ayahualulco
Solo pasaron cuatro días, dos hábiles, para que personal del Congreso interviniera la tesorería de Ayahualulco, municipio administrado por el priísta Arturo Morales rosas, ante la acusación del regidor único de Morena, Iván Edilberto Munguía Vargas, por malos manejos financieros.
El 6 de octubre se manifestaron en el Congreso local grupos afines a los dos políticos y exigieron, por un lado, una auditoría a la administración de Morales Rosas, por negarse a presentar los informes financieros; y por otro lado, a pedir la liberación del ayuntamiento, tomado por simpatizantes de Munguía Vargas.
Este 10 de octubre se informó que personal de la Secretaría de Fiscalización Superior (Orfis) ya había intervenido la tesorería para revisar el gasto del presupuesto de enero a septiembre.
Fue el secretario de Fiscalización del Congreso, Everardo Domínguez Landa, quien entregó al alcalde la notificación para efectuar la fiscalización.
La notificación prevé un exhorto respetuoso al munícipe para que ordene brindar todas las facilidades a los auditores y así tengan acceso a los lugares objeto de la visita o inspección, así como poner y mantener a su disposición los libros, registros, sistemas, bases de datos y demás información vinculada con el objeto de la fiscalización.
El 25 de agosto, los integrantes del cabildo fueron convocados por la comisión de Gobernación del Congreso, en la que se medió sobre la queja de que el alcalde no mostraba la información financiera al regidor.
Como parte de la visita, se acordó revisar el gasto financiero del municipio. La auditoría fue aprobada por la Comisión de Vigilancia en la que tienen representación todos los partidos políticos.
El 22 de septiembre, se recuerda, asistentes a la sesión de cabildo habrían golpeado al regidor Iván Edilberto Munguía Vargas, quien interpuso denuncia y dijo que no acudiría a trabajar al municipio por su seguridad.
Horas después de que se presentó en Xalapa, gente afín al morenista tomaron el palacio municipal con la idea de obstaculizar el trabajo del alcalde priísta.
En la manifestación del jueves 6 de octubre, los habitantes que se manifestaron en el Congreso acusaron que el regidor presume tener el apoyo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Mientras que el grupo cercano al regidor, acusó que Morales Rosas es el tercer hermano priísta que hereda la alcaldía y acostumbran a manejar el recurso público a su antojo.
