La magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Rosalba Hernández, defendió la solicitud de datos biométricos que se implementó para poder ingresar a la Ciudad Judicial de Xalapa.
En entrevista, al acudir a la comparecencia del titular de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, aseveró que se trata de una medida para lograr que haya control y seguridad al interior de los inmuebles de la ciudad, y con el único fin de saber quién entra y sale.
“Es para que sepamos quiénes están al interior, por cuestiones de seguridad y de Protección Civil, si llega a haber algún tipo de incidente, regularmente dicen que no se sabía ni quiénes estaban adentro, es un sistema de registro de control de quienes entran y salen porque recuerden”, expresó.
Aseveró que como sujetos obligados, tienen el control de la información que se logra con el registro de las personas que ingresan, el cual está protegido.
“Tenemos que respaldar toda la información, tenemos esta obligación, cualquier dato sensible que se recolecte evidentemente tiene que resguardarse, de lo contrario, hay sanciones para los servidores y servidoras públicas que hacen. Estamos transformando en cuestiones tecnológicas para poder tener registros”, comentó.
Precisó que la medida fue aprobada, en su momento, por el Consejo de la Judicatura y actualmente avalada por el Órgano de Administración Judicial.
“Ya estaba previsto en la administración pasada, es un sistema de registro que se necesitaba, lo que hay es un tema de registro de abogados y abogadas desde hace varios años, quienes acuden a realizar trámites de manera diaria tienen que hacerlo”, agregó.
En otro orden de ideas, también fue cuestionada sobre los dos espacios que se encuentran vacantes en el Poder Judicial, tras la renuncia de Indira Abigail Hernández Villalba, jueza adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, y Verónica Loyo Chacón, quien era jueza de Primera Instancia en materia Laboral, y estaba adscrita al Distrito Judicial de Tuxpan.
Al respecto, la magistrada indicó que permanecerán libres hasta el segundo proceso de elección que se desarrollará en 2027, sin embargo, en ambos casos las labores jurisdiccionales serán asumidas por secretarios de acuerdo como parte del mecanismo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“Hasta donde tengo conocimiento, las renuncias han sido así, sin intereses; no he tenido alguna queja específica o alguna petición formal o presión adicional de parte de las dos personas que han presentado su renuncia”, expuso.
Y precisó que quienes ocupaban los cargos se encontraban en su derecho de dejar la responsabilidad en el momento que así lo decidieran, “si alguien no quiere o no puede, o tiene alguna otra cuestión, puede hacerlo libremente, es como si alguien va a pedir algún empleo, pero le surge una presión familiar; estaría en su derecho de interponer su renuncia”, dijo.
