Integrantes de la Red Estatal de Inclusión (CABE) se solidarizaron con las personas con discapacidad visual que fueron desalojadas por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México que exigían trabajo digno.
Fernando Pérez Domínguez, presidente de CABE, Karina Martínez, integrante fundadora de la Red CABE y Miguel Ángel Hernández Correa, criticaron estas acciones como inaceptables y que van en contra de los principios fundamentales de igualdad y justicia.
Cabe recordar que el martes 12 de marzo por la mañana, integrantes de la Asociación Mexicana de Invidentes y Débiles Visuales emprendieron una marcha pacífica en busca de oportunidades laborales y fueron reprimidos por granaderos pese a su discapacidad visual.
Por ello, los activistas exigieron a las autoridades garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad visual, pues se deben proteger en todo momento a aquellos que presentan alguna condición de este tipo, expresó Pérez Domínguez.
A su vez, Miguel Ángel Hernández Correa expresó que en México a los delincuentes se les trata con abrazos mientras que a las personas con discapacidad a “madrazos. No se vale, es indignante”.
Manifestó su preocupación porque los trataron como delincuentes, pese a su discapacidad, por la forma en que se les reprimió, lo que refleja, aseveró, una falta de sensibilidad y compromiso con los derechos humanos de este segmento de la población.
“Lo estamos denunciando públicamente para que toda la opinión pública conozca de este hecho e invitando a todos las asociaciones civiles para que se sumen y se solidaricen”.
“Si se logra que se haga un movimiento nacional, que sepan en la Ciudad de México que (en Veracruz) somos solidarios y estamos atentos y que no los vamos a dejar solos. Si tocan a uno nos tocan a todos”.
Por último, Karina Martínez recalcó que las personas con discapacidad no sólo deben ser reconocidas en su dignidad y derechos humanos, sino que el gobierno tiene la obligación de garantizar que toda la población pueda disfrutar de sus derechos.
“Por ello se hace un urgente llamado a las autoridades para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, quienes no sólo deben ser reconocidas en su dignidad y derechos humanos, sino que el gobierno tiene la obligación de garantizar que toda la población pueda disfrutar de sus (prerrogativas), concluyó.
