El pasado 28 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interfirió negativamente en la última oportunidad de democratizar el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros. Este obstáculo se presenta como parte del alejamiento de la SCJN respecto al proceso de democratización impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que presentó la iniciativa de reforma judicial hace un año, la Corte ha enfrentado desafíos relacionados con la autonomía judicial, incluidos ataques directos y sabotajes legislativos, incluso tratando de revisar la Constitución, lo cual nunca antes había ocurrido en la historia del país.
El conflicto se intensificó cuando, el 7 de enero, el comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación suspendió los trabajos de selección de candidatos para las elecciones judiciales programadas para el primero de junio de este año, siguiendo dos amparos emitidos por jueces federales de Michoacán y Jalisco. Sin embargo, los jueces carecían de facultades para intervenir en el proceso electoral. Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la reanudación del proceso, los miembros del comité consultaron a la SCJN para saber si debían obedecer la orden del TEPJF o la de los jueces de Michoacán y Jalisco.
Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, María Emilia Molina de la Puente, Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo, integrantes del comité de selección, fueron acusados de sabotear el proceso con la intención de impedir el derecho de los ciudadanos a votar por los perfiles idóneos para los cargos judiciales. La falta de competencia de los jueces involucrados y de los ministros que respaldaron las suspensiones evidenció la irregularidad del proceso.
A pesar de la intervención de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso que la Escuela Federal de Formación Judicial realizara el examen de conocimientos de los aspirantes, sus pares no respaldaron la iniciativa. Ante esta negativa, la responsabilidad recae ahora en el Senado para seleccionar a los candidatos que representarán al Poder Judicial en las elecciones, aunque no sea el mecanismo ideal.
Este desenlace subraya cómo un grupo de funcionarios judiciales ha obstaculizado el proceso de democratización judicial e ignorado el reclamo popular por un sistema judicial más transparente y al servicio de la justicia, y no de intereses facciosos. En este contexto, la Constitución, los poderes Legislativo y Ejecutivo, y los derechos de los ciudadanos han sido vulnerados por aquellos que buscan impedir el avance de la reforma judicial.
Finalmente, las instituciones del Estado deben garantizar un proceso electoral transparente, limpio y democrático, para que el país cuente con los mejores perfiles en la tarea de impartir justicia.
