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La reciente captura de operadores vinculados al entorno de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido presentada en algunos espacios como prueba de la eficacia del aparato de seguridad mexicano. Pero el episodio también permite observar algo más amplio: la relación entre el reclutamiento criminal, la disputa narrativa sobre la estrategia de seguridad y las presiones políticas provenientes de Estados Unidos.
El primer aspecto es estructural. El crimen organizado en México descansa en una base operativa compuesta mayoritariamente por jóvenes. Diversos estudios y reportes de seguridad muestran que muchos de quienes participan como halcones, operadores logísticos o sicarios se encuentran entre los 15 y los 25 años, con una edad promedio cercana a los 24. La violencia criminal, por tanto, no se reproduce sólo por la existencia de grandes organizaciones, sino por un flujo constante de reclutamiento juvenil que alimenta sus estructuras.
Ese dato explica por qué los programas dirigidos a jóvenes han sido presentados por el gobierno de Claudia Sheinbaum como parte de la estrategia de seguridad. Si el crimen organizado se nutre de jóvenes provenientes de contextos de exclusión, disputar ese terreno mediante educación, capacitación y empleo se vuelve un componente lógico de la política pública.
Sin embargo, este enfoque se desarrolla en medio de una intensa disputa narrativa. En redes sociales y en ciertos espacios mediáticos se insiste en que el actual gobierno habría terminado adoptando la misma estrategia aplicada durante el sexenio de Felipe Calderón. La afirmación suele presentarse como una supuesta admisión de fracaso de la política de atención a las causas. Pero omite una diferencia central: mientras la estrategia de aquel periodo se centró casi exclusivamente en la confrontación militar directa contra los cárteles, el enfoque actual intenta combinar acción de seguridad con políticas sociales orientadas a reducir la base de reclutamiento criminal.
El tercer plano del problema aparece en la relación con Estados Unidos. Desde sectores políticos en Washington se han intensificado las presiones para que México adopte medidas más duras contra los cárteles, incluyendo propuestas para designarlos organizaciones terroristas o incluso planteamientos de intervención. Este discurso suele presentarse como respuesta a la crisis del fentanilo, pero también responde a dinámicas de política interna estadounidense.
Lo problemático es que esa narrativa tiende a omitir factores fundamentales. El primero es el tamaño del mercado de drogas en Estados Unidos, principal motor económico de estas organizaciones. El segundo es el tráfico de armas hacia México, pese a que la abrumadora mayoría de las utilizadas por los grupos criminales proviene de su propio mercado. Tampoco se observa una campaña nacional sostenida para disuadir el consumo de drogas con la intensidad que exigiría la magnitud del problema.
Más aún, mientras Estados Unidos no reconozca plenamente que el problema también se origina en su propio mercado interno y no articule políticas públicas consistentes para atender esa dimensión —prevención, tratamiento, educación y reducción de la demanda— la ecuación seguirá incompleta. Son el mercado. Si ese aspecto se atendiera de manera sistemática, el crecimiento de las economías criminales encontraría límites mucho más claros.
En ese contexto, las capturas recientes tienen un valor político evidente: muestran que el Estado mexicano mantiene capacidad operativa para actuar contra estructuras criminales relevantes. Pero difícilmente “callan” la narrativa estadounidense. Mientras el debate en Washington continúe centrado casi exclusivamente en la acción policial o militar contra los cárteles, sin incorporar los factores económicos y sociales que sostienen el fenómeno, la presión política difícilmente desaparecerá.
La violencia criminal en México no puede entenderse sólo como una confrontación entre el Estado y organizaciones delictivas. Es también el resultado de un mercado internacional de drogas, de flujos transfronterizos de armas y de un proceso sistemático de reclutamiento juvenil que convierte la exclusión social en terreno fértil para la expansión del crimen organizado.
