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Rechazan colectivos pase de Guardia Nacional a Sedena

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Orizaba, Ver.- Las organizaciones no gubernamentales, Colectivo seguridad sin guerra, Colectivo#la justicia que queremos y Amnistía internacional, fijaron su postura tras la aprobación de la reforma con la que la Guardia Nacional pasa al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“‘El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar sino a una república civilista. No es con el Ejército que se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia’ dijo Andrés Manuel López Obrador cuando buscaba la presidencia en 2010”, se lee en el primer párrafo.

“Hoy en sus últimos días como Presidente busca empoderar aún más a las fuerzas armadas en el país otorgándoles facultades constitucionales inimaginables que las convertirán en un poder facultado en seguridad nacional, seguridad pública, investigación, participación en construcciones públicas de vigilancia y control fronterizo, entre otras, cubiertos de un manto de secrecía y opacidad bajo un fuero militar”, señalan.

Consideraron que la reforma constitucional incluye aspectos graves y de altos riesgos para los derechos humanos, como que el Presidente podrá usar discrecionalmente y en cualquier momento la fuerza armada permanente en las tareas de seguridad pública, seguridad interior y defensa exterior aún en tiempos de paz.

Mencionaron que también se da facultad a la Guardia Nacional para hacer investigaciones bajo el mando del Ministerio Público y se le dotará de fuero militar, en tanto que el Poder Legislativo podrá expedir disposiciones secundarias sobre la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior y seguridad pública aún en tiempos de paz.

“El Congreso y el Ejecutivo podrán otorgar todo tipo de funciones a la fuerza armada permanente (además de) la posibilidad de que un militar participe en las elecciones presidenciales con el hecho simple de no estar activo seis meses antes de la elección; el nuevo titular de la Guardia Nacional será un General de División designado por el Presidente a propuesta del titular de la Sedena”.

Los colectivos Seguridad sin guerra y la justicia que queremos, integrados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de víctimas, así como Amnistía Internacional advierten “de los graves riesgos para la democracia y la vigencia de los derechos humanos que significa la reforma. Hemos denunciado constantemente los efectos perversos de la militarización de la seguridad pública y de la administración pública a través de la incorporación de la Guardia Nacional a tareas reservadas al poder civil”.

Señalaron que la Guardia Nacional es la institución con más quejas “por presuntas violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con 1772 expedientes de acuerdo con el sistema de alerta de este organismo.

Entre los principales señalamientos a la corporación están la falta la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, prestar indebidamente el servicio público, detenciones arbitrarias, emplear arbitrariamente la fuerza pública, acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas migrantes, trato cruel inhumano o degradante.

Recalcaron que además la participación de militares en la seguridad pública no ha traído beneficios o mejoras en la aplicación de justicia. Indicaron que un foco rojo del uso de militares en tareas de seguridad es el abuso de la fuerza, el cual ha sido mayor en ese sexenio que en el anterior de acuerdo con el análisis de la propuesta de reforma constitucional sobre las fuerzas armadas en el que la organización Intercepta evalúa el índice de letalidad resultado de los enfrentamientos entre militares y civiles.

Agregaron que López Obrador tenía razón cuando expuso en febrero de 2012 sostuvo que tenemos que ir sacando el Ejército de las calles, que no está preparado para esa función. Sin embargo, su política de seguridad a lo largo de su sexenio ha sido contraria a lo prometido, finalizaron.

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