La Fiscalía General del Estado (FGE) no dio un trato digno a las víctimas del bar Caballo Blanco, además de que incurrió en la revictimización de las familias.
Pese a ello, el organismo no aceptó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 30/2025 que documentó las irregularidades que se presentaron después del ataque al centro nocturno en Coatzacoalcos el 29 de agosto de 2019 y que dejó 30 fallecidos.
La recomendación de la comisión indica que la Fiscalía debe de brindar medidas de reparación además de una compensación económica, atención psicológica, capacitación al personal y seguir los protocolos del servicio médico a las familias de las víctimas.
Además en la recomendación se explica que la Fiscalía veracruzana trató de forma indigna los cuerpos de las víctimas ya que los expusieron al sol, los entregaron en bolsas de basura o sucios, lo que contraviene las disposiciones internacionales en la materia.
“llegando al Semefo de ese lugar y no me permitieron el acceso a ver el estado que estaba (VM1) y me percaté del uso inhumano que utilizan estos servidores públicos, ya que tenían varios cuerpos tirados en la tierra y expuestos al vivo sol, completamente desnudos y sucios. Corroborando con el cuerpo de (VM1), ya que al revisarla en mi casa me percaté que (VM1) estaba completamente sucia, llena de tierra, raspada de las piernas, presentando hematomas”, expuso una de las víctimas a la CEDH.
En la recomendación también se explica cómo los familiares tuvieron que rogar prácticamente a la Fiscalía por información respecto de si sus seres queridos se encontraban entre las víctimas.
“Angustia que padecieron durante varias horas las familias de quienes fallecieron teniendo que apoyarse de información no oficial que compartían otras personas –como el trasladarse al Semefo de Cosoleacaque– a fin de obtener por sí mismas una respuesta sobre la suerte de sus seres queridos”.
La CEDH encontró que esta falta de información hacia los familiares de las víctimas mortales tiene una relación directa con un sentimiento de impotencia y el no saber en dónde están sus familiares.
Además la Fiscalía no tomó las medidas adecuadas para preservar los restos de las víctimas del ataque por lo que algunos fueron entregados en avanzado estado de descomposición.
Esto en algunos casos generó que los familiares no pudieran despedirse de sus seres queridos conforme lo marca sus creencias.
