Por Carlos Alberto Macario Hernández.
Nos ubicamos en la segunda mitad del período de campañas del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. De una forma casi inevitable, de hecho, como no podía ser de otro modo, las redes sociales se convirtieron en un carrusel de innumerables fotografías, imágenes y vídeos que las candidaturas se han encargado de protagonizar con la finalidad de llamar al voto. Los contenidos multimedia, tan diversos tanto de forma como de fondo, son reveladores.
Aunque estas líneas no pretenden ser un ejercicio hermenéutico de tales contenidos, simple y sencillamente porque los principios de la función electoral de imparcialidad, objetividad e independencia me lo imposibilitan, sí me permiten desarrollar una serie de reflexiones a partir de la pregunta que intitula este texto: ¿Quiénes deberían integrar el nuevo Poder Judicial de la Federación?
De forma casi automática estaríamos tentados a responder que deberían ser, como dice Thomas Frank, the best and the brightest (los mejores y más brillantes), las personas más conspicuas de la que él llama La clase profesional; es decir, las operadoras y operadores jurídicos de mayor experiencia, aquellas con más diplomas colgados en la pared que fotos con su familia.
Parcialmente de acuerdo. En teoría, una amplia trayectoria académica permitiría que la persona juzgadora desarrolle con soltura las funciones inherentes a su cargo gracias al fino sentido jurídico que ha confeccionado a partir de su experiencia laboral y la suma de grados académicos. Creo que tales componentes son fundamentales, pero también considero que no lo son todo; pues, como bien refiere el profesor Jorge Malem Seña, históricamente hemos procurado que las personas juzgadoras cumplan con otros requisitos, además de la parte técnica, relacionados en mayor medida con su moral privada y comportamiento social.
Sobre esto último, los órganos jurisdiccionales no los integran únicamente sus titulares; llámense ministras y ministros, magistradas y magistrados electorales o de circuito, o juezas y jueces de distrito. Detrás de la compleja responsabilidad social que encarna la impartición de justicia se encuentra todo un engranaje conformado por miles de personas: oficiales y actuarías judiciales, secretarías de estudio y cuenta, personal administrativo, operadores de vehículos institucionales, entre muchas otras. Cada una de ellas contribuyen sustancialmente para cumplir con tan elevado fin.
Al respecto, la evidencia empírica sugiere que una hoja de vida robusta no es garantía de que la persona juzgadora se conduzca de forma ética, es decir, que actúe en todo momento dentro de los límites del marco normativo y, sobre todo, se comporte de forma respetuosa hacia las demás personas que trabajan bajo su coordinación.
Lo anterior no es menor. Si diseñamos nuestro Poder Judicial a modo que sólo elijamos a quienes posean mayor capital cultural y académico como las cabezas de los órganos judiciales, con la noble intención de que se ocupen de forma impecable del ámbito técnico jurídico, es decir (en términos Dworkinianos), a la parte formal y procesal de la impartición de justicia, sin prestar la debida atención a la parte axiológica del servicio público, estaríamos renunciando a la posibilidad de que los órganos judiciales sean el referente para la construcción de la sociedad igualitaria, libre de violencia y sin discriminación a la que aspiramos.
¿De qué nos sirve elegir un erudito o erudita como juzgadora que, a su vez, sea capaz de cometer los más reprobables actos que atentan contra los Derechos Humanos de las mujeres? O, bien, ¿por qué insistir en mantener en su cargo al ínclito y experimentado juzgador que acosa sexualmente a las mujeres de su ponencia? ¿O que humilla y violenta a su personal adscrito cada que puede?
Soy consciente de que una de las críticas a la Reforma Judicial es que el voto popular no asegura per se la designación de las mejores personas para ocupar los cargos del Poder Judicial de la Federación, entiéndase por estas a los perfiles técnicos mayormente calificados y que, a su vez, se distingan por una trayectoria personal y profesional congruente con los paradigmas de convivencia basados en el respeto, la inclusión y la cultura de la paz; no obstante, en esas estamos y más vale poder distinguir a las candidaturas que sean la síntesis de dichas virtudes. No es irracional ni excesivo aspirar a ello, por el simple hecho de que nuestra democracia lo merece.
A propósito, no es coincidencia que el pasado 24 de abril el Consejo General del INE aprobó la creación de un apartado en su página de internet para que personas ciudadanas u organizaciones de la sociedad civil puedan enviar información sobre las candidaturas al Poder Judicial de la Federación que posiblemente hayan cometido algún tipo de violencia contra las mujeres o sean deudores alimentarios (Acuerdo INE/CG382/2025); lo que, más allá de los efectos jurídicos que esa medida pueda tener, nos dice mucho de la importancia del papel que juega la ciudadanía en este inédito proceso electoral.
A menudo pensamos que la reflexión del voto consiste en un acto que debemos llevar a cabo en secreto y soledad, empero, ante la exorbitante cantidad de información que tenemos sobre las candidaturas al Poder Judicial de la Federación, aun contando con las valiosas herramientas del INE como Conóceles o Practica tu voto, necesitamos seriamente replantearnos si una reflexión individual será suficiente.
Al respecto, valdría la pena considerar si para la elección del nuevo Poder Judicial de la Federación lo más viable sea una reflexión conjunta, a partir del diálogo e intercambio de impresiones con nuestra familia, amistades o con quienes consideremos que sea posible nutrir nuestra perspectiva, en aras de elegir a quienes consideramos los mejores perfiles técnicos, sin descuidar que posean vocación para el cumplimiento de los principios del modelo constitucional y democrático de derecho. Estamos a tiempo.
Nos guste o no, la Reforma Judicial llegó para cambiar el sistema de impartición de justicia en México, al menos en la manera en que se eligen a las personas juzgadoras, lo que es de por sí un reto mayúsculo. En ese sentido, adoptar una actitud cívica e interiorizar dicho cambio como la oportunidad de incidir directa y positivamente en el mejoramiento del esquema judicial del país, me parece que es la mejor manera de afrontarlo.
Carlos Alberto Macario Hernández. Maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la Universidad de Xalapa.
