Orizaba, Ver. — La reciente aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados de la iniciativa que reforma la Ley de Aguas Nacionales desencadenó una nueva ola de protestas encabezadas por organizaciones del campo y transportistas, que acusan al bloque de diputados de Morena de quebrantar los acuerdos alcanzados apenas una semana atrás. Las movilizaciones, convocadas por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas, podrían ampliarse aún más. En palabras del dirigente nacional de ANTAC, David Estévez Gamboa: “Este jueves vamos a parar todo lo que podamos”.
El dictamen aprobado en la Comisión de Recursos Hidráulicos será llevado al pleno de la Cámara de Diputados. La reforma establece que el agua ya no podrá venderse libremente ni transmitirse entre particulares, devolviendo al Estado la rectoría sobre el recurso. Aunque las autoridades afirman que estos cambios buscan frenar el acaparamiento y regular concesiones irregulares, los agricultores y transportistas rechazan el proyecto, pues les impide heredar o vender los derechos de agua vinculados a sus tierras.
Para los campesinos, la reforma representa una amenaza directa al patrimonio familiar y a la autonomía del campo. Denuncian que será imposible vender o transmitir concesiones de agua, lo cual —dicen— dejaría a pequeñas y medianas explotaciones en desventaja ante grandes inversionistas o empresas.
La respuesta fue inmediata, pues desde la madrugada comenzaron bloqueos y movilizaciones en varios estados del país. Agricultores y transportistas iniciaron una caravana de tractores desde Perote, Veracruz, rumbo a la Ciudad de México, atravesando la autopista Puebla-Orizaba como muestra de su rechazo. Al llegar a la capital, los manifestantes se concentraron frente al recinto legislativo con maquinaria pesada, con la intención de entregar un pliego petitorio y exigir que sus demandas sean atendidas antes de que la reforma sea votada en el pleno.
El descontento no está limitado a unas pocas entidades, pues campesinos de al menos siete estados —entre ellos Veracruz, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Tlaxcala y Chihuahua— mantienen bloqueos en casetas, carreteras, aduanas y puntos estratégicos. Además, tras la aprobación en comisiones, se advirtió sobre posibles bloqueos aún mayores, pues quienes convocan las protestas señalan que, si la ley avanza sin modificaciones, el paro carretero se ampliará.
La alianza entre agricultores y transportistas —entre ellos los liderados por Estévez Gamboa— se mantiene firme, y han expresado que “donde estén” los campesinos ellos estarán, advirtiendo que no permitirán que la reforma avance sin reconocer sus derechos.
Entre las principales exigencias del sector destaca que se respete la posibilidad de heredar o vender concesiones de agua, con lo cual el acceso al recurso seguiría ligado a la tierra; que se garantice el abastecimiento de agua para uso agrícola, evitando que la nueva ley favorezca la concentración de concesiones en manos de grandes empresas.
Asimismo, exigen que el gobierno federal abra mesas de diálogo reales, con participación directa del sector campesino, antes de avanzar con la aprobación final de la reforma.
“Nos sentimos traicionados por los diputados que habían acordado mantener estos puntos”, señalaron transportistas y camioneros, quienes ahora exigen respeto a lo pactado.
La jornada de este 4 de diciembre se perfila complicada, pues mientras la ley avanza en comisiones rumbo al pleno, miles de agricultores y transportistas concentran su presión en las calles y carreteras. En Veracruz —y particularmente en Orizaba— la movilización tuvo un papel activo, con tractores partiendo desde Perote y circulando por la autopista Puebla-Orizaba.
Por ello, las organizaciones que integran este frente común advierten que, de no haber cambios, las protestas se radicalizarán y podría prolongarse el paro carretero, con afectaciones al transporte, la producción agrícola y la distribución de mercancías.
