El Consejo Intermunicipal de Ambientalistas ha propuesto al Congreso una serie de reformas a la Ley Estatal de Protección Ambiental, para “que fortalezca la participación pública y garantice la publicación de información para la toma de decisiones y establezca el estudio del daño ambiental”, refiere Miriam Méndez Jiménez, vocal de capacitación y derecho ambiental de esa agrupación civil.
Señala que se promueve “un nuevo desarrollo, basado en el cuidado y uso inteligente de la naturaleza que, a su vez, contribuya a salvaguardar la dignidad humana. Tenemos el gran reto de intentar explicar la complejidad de los problemas en los términos más sencillos y prácticos”.
Por ello, en política pública ambiental y sostenibilidad, es importante una alianza entre gobierno y sociedad, frente a ese desafío es de gran importancia el liderazgo, visión y compromiso de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para establecer las bases que agilicen ese desafío, en base a esto se proponen reformas a la Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz en tres aspectos que consideramos clave”.
Primero, agrega, “promover la participación pública en la toma de decisiones; garantizar el acceso a información ambiental de calidad; desalentar proyectos ambientalmente agresivos, y al mismo tiempo, integrar plenamente a los sectores económicos al marco de la legalidad”.
Actualmente hay una inexistencia de un espacio formal de participación ciudadana, amplio e incluyente; carencia de informes periódicos sobre el estado del medio ambiente en Veracruz, que dificulta una efectiva toma de decisiones en política ambiental, además de la ilegalidad e indefinición jurídica, posterior a sanciones de proyectos ambientalmente agresivos.
“Para ello, debe delimitarse la problemática ambiental a resolver con la propuesta de reformas, pero marcando el objetivo de garantizar la participación ciudadana; la publicación de informes periódicos sobre el estado del medio ambiente en Veracruz; proponer la integración del estudio de daño ambiental; promover el cabildeo, difusión mediática, deliberación, consenso, aprobación y decreto de estas propuestas de reformas”.
Una de las propuestas que se hacen se centra en el artículo 182, que textualmente cita: “el gobierno del estado promoverá la participación y corresponsabilidad de la sociedad en los procesos de formulación y aplicación de la política ambiental y sus instrumentos, en acciones de información y vigilancia, y en general, en las acciones ecológicas que emprenda” a lo que se propone, “el gobierno del estado deberá promover la participación y corresponsabilidad social en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental”.
Sobre el trabajo del Consejo Estatal de Protección Ambiental, el artículo 182 de la ley, actualmente señala: “el gobierno del estado promoverá la participación y corresponsabilidad de la sociedad en los procesos de formulación y aplicación de la política ambiental y sus instrumentos, en acciones de información y vigilancia, y en general, en las acciones ecológicas que emprenda”; por ello, se propone: “el gobierno del estado deberá promover la participación y corresponsabilidad social en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental”.
En este consejo, “actualmente se tiene, y solo en el papel, un Consejo de apenas siete personas para evaluación y seguimiento de una política ambiental muy compleja. Se propone que tenga unos 40 integrantes, y solo 20 con derecho a voz y voto, desde luego eso puede deliberar ampliamente todavía”, pero se señala que los puestos ocupados por los integrantes ciudadanos del consejo “serán honoríficos. El Consejo funcionará conforme a lo que establezca el reglamento que él mismo expida, sesionará de manera ordinaria, por lo menos cada tres meses, y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos, privilegiando en todo momento el diálogo, plasmando las deliberaciones y acuerdos en las actas correspondientes que deberán ser firmadas de conformidad por los asistentes a la sesión. La primera sesión será para la toma de protesta de sus integrantes, y se hará ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso del Estado. Cuando así lo requiera, el Consejo podrá invitar a otras instancias o personas a participar en el análisis de algún tema o problemática específica”.
En conclusión, “el derecho ambiental y legislación ambiental son las bases para una política pública ambiental sólida y más prestigiada. Cobran mayor impulso mediante formas más democráticas, incluyentes y transparentes de participación social, y al contar con informes sobre todos los temas ambientales para sustentar con mayor certeza, nuevas decisiones e inversiones, y contribuyamos sin retórica ni demagogia a los objetivos de la agenda 2030”.
El bienestar no se logra imponiendo ideas o prácticas individualistas, excluyentes, sino con planteamientos sujetos a deliberación colectiva y al consenso; además, las iniciativas deben cabildearse en el congreso, las dependencias gubernamentales y la sociedad, a través de mucha diplomacia política.
“Algunas empresas deben asimilar la importancia del desarrollo sostenible, pues los recursos naturales son herencia para nuestros hijos y la base de todo proyecto de inversión. Hay que emprender obras en un marco de legalidad e incentivar a desarrolladores que valoran la sostenibilidad. Además, todo procedimiento de intervención ante las infracciones debe concluirse dando certeza jurídica para todos”.
