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Proponen política pública para proteger el agua y los derechos indígenas ante el avance del Corredor Interoceánico

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Hugo López Rosas, Modesto Ortiz Flores y Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes


A los autores de esta nota, académicos de El Colegio de Veracruz, se suman Areli Rizo Aguilar, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y ahora Omar Hiram Viveros Hernández también del Colegio citado, quienes se encuentran elaborando una propuesta de política pública con dos objetivos principales: a) sentar las bases para una gestión integral del agua en el sur de la entidad veracruzana y, b) propiciar educativamente y mediante una vinculación comunitaria e intercultural, el reconocimiento de prácticas ancestrales del manejo del agua de las comunidades indígenas ubicadas en el espacio de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Precisamente debido a que el CIIT se encuentra en proceso de construcción, el enfoque de esta propuesta de política pública busca, de manera oportuna, articular la garantía del derecho humano al agua, la protección de las reservas hídricas de cinco cuencas clave —entre ellas las del Alto y Bajo Río Coatzacoalcos—, y en el contexto de una educación humanista, el reconocimiento efectivo de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas en su propio socio-territorio, conforme a la reciente reforma constitucional del Artículo Segundo.

La iniciativa impulsada desde El Colegio de Veracruz ha sido ya comentada en términos generales con autoridades de la Región Olmeca (que incluye 25 municipios), y ha avanzado en el diagnóstico normativo y ambiental, así como en la identificación de líneas estratégicas para fortalecer la participación comunitaria, la restauración ecológica y la protección de los ecosistemas costeros, manglares y humedales. No obstante, se reconoce que aún es necesario fortalecer los componentes educativos y económicos, con el fin de que la propuesta se traduzca en procesos sostenibles de formación, empleo, justicia social y bienestar comunitario.

La propuesta del documento en preparación se fundamenta en los principios de justicia hídrica, derechos socio-territoriales y sustentabilidad, con la convicción de que un enfoque integral debe ir más allá del diagnóstico técnico y normativo. El desafío actual consiste en construir mecanismos viables que permitan la implementación efectiva de esta política en los territorios y con la población afectada, bajo una visión a largo plazo, es decir, de desarrollo sostenible.

El objetivo es que este trabajo sirva como base para articular una política pública estatal que garantice que los beneficios del desarrollo no se obtengan a costa del despojo hídrico ni de la violación a los derechos de los pueblos originarios, sino que apunten hacia un modelo verdaderamente incluyente y sustentable para el estado de Veracruz en donde los pueblos indígenas no se consideren únicamente como “población vulnerable” o “beneficiarios pasivos”, sino como agentes estratégicos del desarrollo sostenible, integrándolos desde una perspectiva intercultural, multilingüe y territorial.

Xalapa, Ver., 6 de abril de 2025.