Por Alexia Villaseñor y Jared Laureles
Las acciones gubernamentales dirigidas a la comercialización para el maíz del programa “Precio Justo” para el ciclo de cosecha actual se centran en 61 mil productores, una cobertura “mínima” que dejará en el “exilio” a los agricultores de este grano básico, pues en México hay 2.5 millones los pequeños y medianos productores, señaló Álvaro López Ríos, Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
El dirigente consideró que dicha acción gubernamental es una “evasión de responsabilidad para fijar el precio de garantía de esta gramínea” y garantiza puertas abiertas a los acopiadores.
El gobierno federal, advirtió, olvida la responsabilidad que tiene para aplicar una política agrícola que permita garantizar la producción de alimentos.
Para López Ríos, el futuro inmediato es que “quienes nos dedicamos a producir granos dejemos de hacerlo porque no hay garantía de un precio básico que permita un ingreso y menos existe la voluntad del estado para apoyar con subsidios la producción y comercialización de granos”.
Subrayó que las importaciones de enero a abril de 2026 ascendieron a más de 4 millones de toneladas de maíz (amarillo y blanco), estableciendo un récord histórico. Las compras de maíz blanco (para consumo humano) mostraron un aumento del 120 por ciento en los primeros dos meses, puntualizó.
Con este panorama, opinó, México enfrenta el riesgo de depender de importaciones totalmente de Estados Unidos y Sudáfrica para cubrir la demanda interna de este grano.
A lo que se suma que los productores de maíz blanco en el país enfrentan una crisis marcada por la sequía, con una proyección de déficit de producción superior a las 500 mil toneladas, obligando a importaciones ante una caída estimada del 1.11 por ciento en la cosecha.
