Orizaba, Ver.- La prisión preventiva y el arraigo domiciliario “son violatorios a los derechos humanos”. Por ello la Diócesis de Orizaba pide al Estado mexicano cumplir con la recomendación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió a fin de garantizar las libertades de los mexicanos.
Helkyn Enríquez Báez, vocero de la diócesis, refirió que la Corte ha declarado que el arraigo y la prisión preventiva vulneran derechos fundamentales como la libertad de libre tránsito y el de la presunción de inocencia por el solo hecho de que las personas en prisión preventiva no sepan de qué delito se les acusa.
Refirió que está demostrado que con la prisión preventiva no se previenen daños posteriores y las circunstancias actuales dejan ver que se utiliza para silenciar o para calmar a algunas personas, “si la Corte Interamericana de Derechos Humanos está haciendo esta recomendación por las faltas que el Estado cometió debería ser escuchada”.
Recalcó que estas figuras jurídicas deben eliminarse o adaptarlas para que ya no se atente contra los derechos humanos de las personas o evitar que sean utilizadas para vulnerar a los más débiles, a las personas que muchas veces por cultura o falta de asesoría legal o jurídica no se pueden defender.
Para eso existen estas instituciones, “que no vulneran el derecho a la libre autodeterminación de los gobiernos sino que vigilan que los estados que forman parte de esta convención americana no se excedan en la aplicación de las leyes y no se rompa el verdadero estado de derecho”.
Al hablar con el aniversario del fallecimiento de Ernestina Asencio, indígena presuntamente violada y asesinada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), expuso que no han sido atendidas las demandas de justicia”.
“Igual sucede con otros que son los desaparecidos que han sufrido la violencia o de tantos que han sido víctimas de esa descomposición social en nuestro país. En el caso de la señora Ernestina, como sabemos era una mujer indígena y eso también exhibe una mayor gravedad en el caso que ahora desearíamos, como lo demanda la sociedad, que este y todos casos dadas las circunstancias, recibieran una atención y se esclareciera para que así se manifieste que estamos en un estado de derecho”.
Recalcó que es importante que las recomendaciones que emiten organismos defensores de los derechos humanos se tomen en cuenta por el bien de aquellas personas o grupos que en determinado momento estén en condiciones de vulnerabilidad.
