El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) tipifica como daño patrimonial la construcción de las obras municipales que no tienen validación de las autoridades competentes, porque ésta simplemente no se tendría que haber hecho.
En respuesta a las críticas de la comisión de Vigilancia del Congreso local, que solicitó que si la obra ya está en funcionamiento el monto del “daño patrimonial” se quede sólo en falta administrativa, la auditora general Delia Cobos comentó que no es lo legal.
“La ley de Obra Pública, artículo 12, establece claramente que cuando no se tienen los permisos no se puede hacer la obra, la obra puede realizarse con una validación; hay un daño patrimonial cuando se hace una obra sin autorización”.
Descartó que el Orfis se use para una “cacería de brujas” contra la oposición, pues la ley se aplica de manera general contra todos los partidos políticos, incluido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“Estaríamos en un grave error si cayéramos en ese tipo de presiones”, respondió ante el comentario de que el criterio para revisar las cuentas públicas no es igual para todos.
El 30 de octubre se aprobó la Cuenta Pública 2022 y se observó que 60 por ciento de los más de mil 300 millones observados a los ayuntamientos está vinculado a la falta de “validación” de las obras, es decir, no cuentan con los permisos para hacerlas.
Los diputados plantearon que iban a pedir al Orfis que en el caso de las obras que ya estaban concluidas el monto se observa sólo como un tema administrativo y no como daño, porque eso provoca la percepción de que las Cuentas Públicas se inflan y se usa esa información para presionar a los alcaldes.
