Productores de café y sus familiares demandaron al gobierno federal poner un alto a las intimidaciones de la transnacional Agroindustria de México, S. A. (AMSA) en contra de ellos, al persistir en sus acusaciones falsas, demandando las reparaciones de daños y desperfectos que supuestamente realizaron en sus instalaciones, y todo ello con el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) que armó el expediente de la acusación y se prestó a manejar testimonios falsos para inculparlos.
En un comunicado signado por los familiares, recuerdan que a partir de la instrucción presidencial a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se llegara a un acuerdo entre AMSA y los acusados, de esta empresa presentaron cinco condiciones que cumplieran los acusados y se desistirían de la demanda, en ella no se incluía la reparación de daños que era la cuestión central que manejaban, ya que no habían cometido esos actos.
Los acusados y sus familiares respondieron a los cinco puntos, sólo había una diferencia en dos palabras y se pensaba que se podría llegar a un acuerdo; pero de manera irresponsable en los siguientes días los representantes de AMSA pasaron a una nueva propuesta en la que pedían otra vez la reparación del daño por el corte de luz y agua al beneficio y otras cuestiones.
A ello respondieron que no era aceptable porque no habían realizado las acciones señaladas. De AMSA ya no manejaban lo del incendio en el beneficio de café y es claro de que eran insostenibles los testimonios fasos y los acusados tienen pruebas contundentes de que se encontraban en otro lugar, se añade en el comunicado.
Por tal motivo, se ha pedido a la Presidencia de la República, a la Segob y al gobierno del estado que intervengan para que la FGE desista de la acusación, ya que al final de cuentas fue la que armó el expediente de la acusación y se prestó a manejar testimonios falsos.
Destacaron la necesidad de que los gobiernos federal y estatal intervengan para terminar con el abuso que llevó al encarcelamiento de cinco personas, es evidente que se dio una colusión de funcionarios públicos, el sistema judicial y la gerencia de la empresa.
La empresa AMSA sigue en lo mismo, intimidando y señalando que también hay autores intelectuales y que hay órdenes de aprehensión que no se han cumplimentado. Ahora se conoce que con aliados locales pretenden que la Fiscalía maneje acciones que lleven nuevamente a la detención de las últimas dos personas liberadas.
Egresados de Universidad del Bienestar en Villa Allende, en incertidumbre
Los egresados de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, están en incertidumbre ya que las instalaciones fueron cerradas, tras la denuncia de irregularidades para ingresar a la institución, y no les van a dar carta de pasantes o certificados de estudios. Uno de los padres de familia señaló que desde el 29 de noviembre cerró por completo las operaciones la universidad, ubicada en Villa de Allende; cinco días antes un grupo de estudiantes denunciaron que fueron dados de baja por no cubrir requisitos que se habían aprobado después de su ingreso.
Su caso fue presentado en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a darles respuesta de manera inmediata, sin embargo la institución ya dejó de operar. Felipe de Jesús Nava Cruz, padre de una de las alumnas refirió que no hay personal administrativo ni directivo que les de información de los trámites que deben de seguir los estudiantes que ya egresaron. Detalló que su hija ya culminó y cumplió con todos los requisitos que le pidieron para que les entreguen los papeles, pero nadie les dio respuesta, ni en la sede nacional ubicada en el estado de Michoacán.
Atención inadecuada en el IMSS de Coatzacoalcos: CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Hospital General de Zona número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Coatzacoalcos, por la atención inadecuada y diagnóstico deficiente a un paciente con isquemia arterial aguda en uno de sus pies, lo que eventualmente llevó a la amputación de una de sus piernas.
El derechohabiente se presentó en marzo de 2022 con un fuerte dolor en uno de sus pies y fue diagnosticado con lumbalgia, a pesar de que presentaba alteraciones circulatorias a nivel del pie derecho las cuales fueron desestimadas por personal de HGZ/36, postergando su diagnóstico y traslado a una unidad médica de alta especialidad.
De acuerdo con los hechos descritos en el expediente CNDH/5/2022/8667/Q el paciente estuvo internado en Coatzacoalcos 9 días y después fue trasladado al hospital de Orizaba, pero ahí se le tuvo que amputar la pierna derecha, como último recurso para salvar su vida, ya que el deterioro del estado de salud era grave.
La CNDH determinó que el personal médico no actuó como debía y vulneró los derechos del paciente, toda vez que omitieron someterlo a un interrogatorio clínico exhaustivo y una exploración física detallada
La recomendación 200/2023 refiere que uno de los médicos del hospital determinó que el paciente requería ser enviado al tercer nivel para exploración poplítea con trombectomía arterial, pero se encontraba pendiente de respuesta y lo mantuvieron con tratamiento analgésico, antiagregante plaquetario y heparina de bajo peso molecular.
