A 10 años de la desaparición de ocho policías municipales de Úrsulo Galván, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz ofrecerá una disculpa pública a los familiares de los elementos policiacos, el 11 de enero, como estipula la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que resolvió que los policías de Úrsulo Galván fueron víctimas de desaparición forzada por parte de agentes de la dependencia estatal.
Las víctimas son el primer comandante, Agustín Rivera Bonastre; los elementos Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Juan Carlos Montero Parra, Guillermo Torres Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil.
El viernes 11 de enero de 2013, los ocho municipales patrullaban a bordo de un vehículo oficial cuando fueron interceptados por agentes del Grupo Fiel, también conocido como Fieles o La Fría, de la SSP de Veracruz, en la comunidad de El Arenal. Desde entonces se desconoce de su paradero.
El grupo referido de la SSP era un equipo de exterminio a cargo en ese entonces de Roberto González Meza, ex director de la Fuerza Civil que estaba bajo el mando del secretario Arturo Bermúdez Zurita.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) estaba conformado por ex militares o policías con adiestramiento militar que “cazaban” a sus víctimas por la simple sospecha de pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada, pero en lugar de entregar a los detenidos ante la autoridades, los desaparecían.
La patrulla en la que viajaban los ocho policías fue localizada calcinada en el rancho Los Coyotes, municipio de Úrsulo Galván, el 14 de enero de 2013, a los tres días de su desaparición.
Los familiares de los uniformados vivieron un viacrucis durante una década, entre la revictimización por parte de los ministerios públicos y policías ministeriales de la en ese entonces Procuraduría de Justicia.
Testigos comentaron a las familias de los desaparecidos que elementos estatales se los habían llevado. Pero ante el temor de correr con la misma suerte se negaron a declarar.
Familiares, amigos, vecinos y conocidos de las víctimas recuerdan a los ocho como buenos padres, hijos, hermanos y amigos.
Sobre todo a Luis Alberto Valenzuela, quien contaba con 25 años cuando ocurrió la desaparición y no cumplía siquiera los primeros 15 días de haberse incorporado a la policía.
Al resto de los elementos policiacos los consideran unos hombres comprometidos con su trabajo, con su familia y hogar aunque, según sus familiares, tenían miedo de continuar trabajando pues constantemente eran acechados por Los Zetas.
En la recomendación 24VG/2019 que emitió la CNDH determinó que las víctimas fueron privados de la libertad por la SSP de Veracruz, por lo que insistió en que era necesaria una investigación con los elementos involucrados en el caso, así como la reparación del daños a las víctimas indirectas.
Entre esto último se contempla una disculpa pública por parte del titular de la SSP de la actual administración.
“Se instruye al Secretario de Seguridad Pública ofrezca una disculpa pública institucional a las víctimas indirectas, familiares de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 y V8 con la presencia de esta comisión nacional, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento”, instruye.
De igual manera el organismo nacional pide “a la brevedad, la Investigación del procedimiento disciplinario “a partir de la aceptación de la presente recomendación y conforme 108/111 a derecho iniciado en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14 y AR15 por su probable participaron en las conductas cometidas en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 y V8, para que la Comisión de Honor y Justicia deslinden las responsabilidades correspondientes; se remitan la copia del presente documento recomendatario a la Comisión de Honor y Justicia, y a esta comisión nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento”.
En un inicio la disculpa pública no fue aceptada por los familiares, pues esto sería como aceptar que no van a continuar las investigaciones y la búsqueda de los policías desaparecidos. Aunque al final la aceptaron advirtieron que quieren que haya justicia más allá de detener a los responsables y que se sepa su paradero.
La Guapota, el fosario clandestino cerca del oasis de Úrsulo Galván
El 17 de abril de 2019, el fiscal general de Veracruz, en ese entonces Jorge Winckler Ortiz, reveló que fueron localizados 36 puntos positivos de narcofosas en un terreno ubicado en la zona centro de Veracruz, el cual era resguardado bajo estricta vigilancia policiaca.
Un día después del anuncio, una veintena de periodistas de Xalapa, Cardel y Veracruz acudieron a la suerte en búsqueda del predio. Bajo la consigna “preguntando se llega a Roma” lograron ubicar el predio que se encontraba internado en medio de rancherías, el cual se encontraba sin custodia de la Fiscalía o la SSP, sin acordonamientos o sin aviso de restricción, por lo que se pudo entrar sin problemas a los terrenos.
En el lugar se encontraban marcados con una varilla y un pedazo de cinta amarilla los sitios donde se encontraban los puntos positivos.
En 2013, en Úrsulo Galván ocurrieron desapariciones masivas, incluyendo la de los ocho policías municipales.
Sergio Landa Rosado, periodista de nota roja en esta región del sotavento veracruzano, fue levantado en dos ocasiones por integrantes de Los Zetas; en la segunda, ocurrida el 21 de enero de 2013, los sicarios ya no lo regresaron a la redacción del Diario Cardel donde laboró por más de cinco años. A la fecha sigue sin aparecer.
